Las objeciones presentadas por varios investigados, incluyendo Nadine Heredia, fueron desestimadas. (Foto: GEC)
Las objeciones presentadas por varios investigados, incluyendo Nadine Heredia, fueron desestimadas. (Foto: GEC)

El dispuso ampliar 18 meses -adicionales- a la investigación preparatoria relacionada al caso vinculado a , y que involucra al expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y otros investigados.

El juez Leodan Cristóbal Ayala ha aceptado “en parte” la solicitud presentada por el Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y la cual buscaba extender el período de investigación.

Según la resolución del magistrado, la prórroga se aplicará desde el 18 de agosto de 2023 hasta el 17 de febrero de 2025. Aunque la originalmente solicitó una extensión de 36 meses, el juez Cristóbal Ayala ha considerado que 18 meses son suficientes, basándose en el análisis realizado por su despacho.

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Como resultado, las objeciones presentadas por varios investigados, incluyendo , los exministros Eleodoro Mayorga, Rene Cornejo y Luis Miguel Castilla, y la Empresa ENAGAS Internacional S.L.U, han sido desestimadas.

Procuraduría demanda reparación

En abril de este año, el Poder Judicial dio luz verde a la solicitud presentada por la Procuraduría Ad Hoc en el caso Lava Jato, permitiendo su intervención como parte civil en el proceso legal relacionado con las irregularidades en la concesión del proyecto Gasoducto Sur Peruano. Esta medida se tomó con el propósito de asegurar que los responsables rindan cuentas ante las implicaciones económicas de sus acciones en el marco de este caso.

Aprobado por el juez Leodan Cristóbal Ayala el 28 de marzo pasado, este requerimiento provisional busca asegurar una reparación civil de US$ 1,300 millones por los perjuicios sufridos por el Estado.

En caso de una eventual sentencia condenatoria que ordene el pago de esta reparación, el monto será compartido entre más de 30 investigados. Entre ellos figuran el expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia, así como exministros, exfuncionarios públicos, abogados y otros individuos. Esta medida busca garantizar que los responsables afronten las consecuencias financieras de sus acciones en el proceso relacionado con el proyecto Gasoducto Sur Peruano.

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