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El tribunal, presidido por César San Martín, revisará el recurso de apelación presentado por la congresista para revocar la resolución emitida por el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, quien acogió el pedido del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público.
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En la audiencia, que iniciará a partir de las 9:00 a.m., también se verá el recurso de apelación presentado por el asesor de Juárez, Miguel Ángel Chafloque Domínguez, quien también es investigado en el proceso y afronta un pedido para levantar su secreto bancario.
La medida comprenderá que se accederá a la información financiera de ambos investigados del periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de setiembre del año 2022.
Se ordenó que las entidades bancarias reporten el número total de las transferencias, depósitos o cualquier otra operación bancaria que se hubiera realizado en las cuentas activas y pasivas de Juárez y Chafloque.
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El magistrado, en su resolución, concluyó que la medida fiscal es “idónea, necesaria y proporcional”, ya que permitirá recibir información sobre operaciones financieras y bancarias de ambas personas, lo que contribuirá a determinar la existencia o no de movimientos o transferencias de dinero entre ellos. Esto, con la finalidad de establecer la existencia o no del delito investigado.
¿De qué se le acusa a la congresista?
De acuerdo con la tesis fiscal, la legisladora de Podemos Perú habría abusado de su cargo como congresista y presidenta de la Comisión Especial encargada del seguimiento y formular propuestas de mitigación y adaptación del Cambio Climático, induciendo a su asesor, Miguel Chafloque, para que los trabajadores de su despacho congresal y de la aludida comisión entreguen parte de sus remuneraciones.
En abril del año pasado, Punto final reveló que Juárez había retenido parte de los salarios de sus empleados para financiar el pago a su primo, encargado de gestionar sus redes sociales. Para lograr su propósito, redujo el sueldo de su exasesor, Eduardo Saucedo Castañeda, durante el periodo de octubre de 2021 a febrero de 2022.
Además, el semanario “Hildebrandt en sus Trece” reportó que otros cuatro exempleados de la parlamentaria también denunciaron recortes en sus salarios.
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