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La Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó el informe en el que se determina que hay “indicios razonables” para acusar al expresidente Pedro Castillo Terrones y a su entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, por favorecer a empresarios con obras de agua y saneamiento por S/ 4 millones.
En consecuencia, el grupo de trabajo propone formular acusación constitucional contra el expresidente de la República por la presunta comisión del delito de organización criminal, colusión, tráfico de influencias, negociación incompatible o aprovechamiento del cargo.
Además, se acordó remitir el informe respectivo a la Fiscalía de la Nación en mérito a los indicios razonables señalados en el informe, y lo exhorta a que en el más breve plazo establezca las responsabilidades penales de los acusados.
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Se trata del informe final de la investigación respecto de los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas y Chadín; así como los financiados por el Ministerio de Vivienda al amparo del Decreto de Urgencia N.° 102-2021, y otros que resulten involucrados.
El caso tiene lugar en el contexto de una presunta organización criminal familiar dirigida desde Palacio de Gobierno y liderada por el expresidente de la República, José Pedro Castillo Terrones.
Además, el informe concluye en que existen elementos indiciarios de presunta organización familiar liderada por el exmandatario, integrada por otros agentes, como su esposa Lilia Paredes Navarro, sus cuñados, el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado López, exfuncionarios, el investigado Hugo Espino Lucanas y otros.
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Los detalles
En el documento se señala que tanto Geiner Alvarado como el exasesor de su despacho, Salatiel Marrufo Alcántara; la exviceministra de Vivienda y Urbanismo, Elizabeth Milagros Añaños Vega; y la ex directora general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Elizabeth Maribel Castañeda Del Castillo, habrían concertado con Castillo Terrones.
Los favorecidos serían el alcalde José Nenil Medina Guerrero y los empresarios Abel Cabrera Fernández y Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, estos últimos conocidos como “Los chiclayanos”.
Como consecuencia de estas reuniones, se emitió el DU N.° 102-2021, donde se dictaron medidas extraordinarias para la ejecución del gasto público en materia de inversión para financiar los proyectos, que supuestamente, habrían favorecido a los funcionarios del Ministerio de Vivienda, amigos, familiares y amigos empresarios que habrían favorecido la campaña presidencial de Castillo Terrones.
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Señaló que el líder de la organización criminal sería Castillo Terrones y sus brazos articuladores serían la exprimera dama, Lilia Paredes Navarro y su entorno familiar, como Yenifer, David y Walter Paredes Navarro; Rudbel Oblitas Navarro, exministros de Estado, exfuncionarios, exalcaldes y empresarios amigos del exmandatario.
Refirió que el exministro de Vivienda habría sido designado en el cargo a pedido del empresario Cabrera Fernández, quien habría financiado la campaña presidencial.
Entre las presunciones a las que se arriba, Ventura Ángel señaló que María Gloria Castillo Terrones, hermana del expresidente, se habría beneficiado con 480 mil soles, dinero ilícito obtenido del favorecimiento ilegal de las obras públicas brindadas a los amigos de Castillo.
Ventura Ángel refirió varias entregas de dinero al expresidente a través de Alvarado López y que el 7 de diciembre el 2021, que se llevó a cabo el proceso de la primera vacancia presidencial, le fue entregado un millón de soles para concepto de pagos de congresistas, a efecto de que no voten a favor de ella, según el testimonio de Marrufo Alcántara.
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