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Después de más de tres meses de audiencias y tres días de lectura de resolución, el juez de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción Carhuancho, dictó la semana pasada 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, investigado por el caso ‘Waykis en la Sombra’.
El magistrado decidió imponer la misma medida contra Jorge Luis Ortiz Marreros (exdirector de la Dirección General de Gobierno Interior), Zenovia Griselda Herrera Vásquez y Jorge Chingay Salazar.
Tras conocerse esta medida, el Poder Judicial emitió una orden de ubicación y captura nacional e internacional en contra del hermano de la jefa de Estado, tras no presentarse a las audiencias desde el pasado domingo.
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Han transcurrido seis días y, hasta el cierre de la edición, Boluarte no ha sido localizado ni mucho menos capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP).
El último miércoles, la Policía Judicial acudió a su vivienda, ubicada en San Borja, y no se le encontró. Su abogado, Luis Vivanco, también desconoce su paradero.
Esto, a pesar de que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, aseguró que su sector dispuso que la PNP realizara vigilancia en las viviendas de Boluarte y los otros implicados en el caso 48 horas antes de dictarse la resolución de prisión preventiva.
La última vez que se le vio al hermano de la presidenta fue el pasado martes 19, cuando se conectó virtualmente a la audiencia, aunque solo lo hizo por menos de un minuto. En ese momento se encontraba en un vehículo en movimiento.
Ante esta situación, cabe preguntarse si se pudo haber realizado algunas acciones para evitar que Boluarte evada a la justicia; sobre todo, por parte del Poder Judicial y Ministerio Público. En esta nota trataremos de responder esta interrogante.
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Concepción Carhuancho y las audiencias interminables
Los abogados penalistas Carlos Caro y Andy Carrión criticaron, por separado, la decisión del juez Concepción Carhuancho de haber prolongado por casi cuatro meses la audiencia de prisión preventiva contra Boluarte, pese a que el Nuevo Código Procesal Penal establece que este tipo de procedimientos se debe atender dentro de las 48 horas del requerimiento. Para los juristas, esta medida habría beneficiado al hermano de la presidenta.
“Como abogado te digo que esto no fue correcto, es algo absolutamente violatorio del debido proceso (...) masomenos fueron 4 meses, 48 semanas, más de 400 horas de audiencia. Esto es algo inaudito, en ningún país del mundo pasa eso. Por ejemplo, en Estados Unidos una prisión preventiva se decide en minutos, en Inglaterra ocurre lo mismo. Si vas a países como Chile o Argentina, a lo mucho demorar una tarde o un día, pero no 4 meses”, cuestionó Caro en diálogo con Gestión.
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En la misma línea, Carrión cuestionó la postura asumida por el magistrado, al recordar que otros casos en los que evaluó un recurso de detención preliminar y prisión preventiva, como el de ‘Los Galácticos’, que involucra al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, fueron resueltos en dos días, a lo mucho.
Respecto a qué medidas pudo haber interpuesto el juez para asegurar la presencia física de Boluarte, Caro consideró que este cometió una negligencia al haber permitido que las últimas audiencias previas a la lectura de su resolución sean de forma virtual.
En ese sentido, consideró que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial podría iniciar una investigación en su contra por este hecho y por haber demorado la resolución de la audiencia de prisión preventiva en el caso ‘Los Waykis en la Sombra’.
Para Carrión, el hecho de que se inicie una investigación a Concepción Carhuancho solo lo victimizaría, ya que este podría alegar que están afectando su independencia judicial. En consecuencia, el penalista sostuvo que una opción sería que los propios abogados de los investigados presenten una queja en su contra ante el organismo de control interno del PJ.
Otra opción, según dijo el abogado, es que la Corte Suprema decida separarlo del presente caso. Recordó que el magistrado, en el año 2019, ya fue apartado de un caso emblemático (’Cocteles’), que involucra a Keiko Fujimori, por presuntamente haber violado la imparcialidad con sus declaraciones públicas a un medio periodístico.
¿Qué pudo haber hecho la Fiscalía de la Nación?
Caro consideró que la Fiscalía también pudo haber solicitado medidas preventivas para evitar que Boluarte pasara a la clandestinidad, como por ejemplo, exigir que todas las audiencias sean presenciales o que se dicte impedimento de salida del país en su contra, algo que no se pidió.
“Si el fiscal del EFICCOP creía que el señor Boluarte podría fugarse del país, debió haber pedido impedimento de salida del país en su contra durante las audiencias (...) también pudo haber solicitado que en las últimas audiencias el investigado pase todos los días, por la mañana, el control biométrico en la corte, pero no hizo nada”, criticó el abogado.
Si bien recordó que están permitidas las coordinaciones entre el Ministerio Público y la PNP para que se realice videovigilancia preventiva a los investigados, el penalista dijo que el fiscal a cargo del caso debió solicitarlo de manera pública en plena audiencia, algo que, aparentemente, no hizo, por lo que adelantó que podría ser susceptible de una posible investigación por una presunta omisión de funciones.
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Recordó, por ejemplo, el caso del exministro de Transportes del gobierno de Pedro Castillo, Juan Silva, quien hasta ahora permanece prófugo de la justicia. En el año 2022, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, solicitó a la PNP que realice videovigilancia al exfuncionario para poder conocer sus pasos mientras se concretaba la emisión de una orden de detención en su contra. Pese a ello, este pudo burlar a los policías que lo estaban vigilando y su paradero sigue siendo desconocido.
Por su parte, Carrión consideró que el verdadero responsable de seguir los pasos de Boluarte, de manera preventiva, es la propia PNP y no el Ministerio Público.
“Lo que no puede hacer la Policía es detenerlo (a Nicanor Boluarte), porque para eso sí necesita una orden judicial, pero lo que sí pudo haber hecho es un acto de seguimiento para ubicarlo y capturarlo, ni bien se emita una orden en su contra, algo que no se habría hecho. Ellos no necesitan ninguna orden para seguirlo”, apuntó.
En ese sentido, señaló que el Mininter no debería esperar más tiempo y colocar al hermano de la presidenta en el “Programa de recompensas”; sin embargo, se mostró escéptico si es que realmente procederán con esta medida.
“Habría que preguntarse si el señor Santiváñez tomó las previsiones para asegurar la captura de Nicanor Boluarte. Recuerdo que en el caso del exministro Geiner Alvarado, quien afronta prisión preventiva, desde el sector fueron muy proactivos y prolíficos en el despliegue y seguimiento para su ubicación y captura, algo que no se vio en el caso del hermano de la presidenta”, cuestionó Carrión.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.
