El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, sostuvo que se necesitaría construir 20 penales más para resolver el problema de hacinamiento en los establecimientos a cargo del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE)
Señaló que, en la actualidad, la población penitenciaria actual asciende a casi 92 mil internos y solo existe espacio para albergar a 41 mil en los establecimientos que actualmente se tienen, siendo uno de los de mayor capacidad el de Lurigancho, que puede albergar 3000 a 3500 internos.
“Eso convierte a los penales en una bomba de tiempo, porque no construimos penales y cada vez se va incrementando la cantidad de internos, cada vez van ingresando más, entonces las posibilidades de control y las condiciones en que viven los internos realmente son muy lamentables”, declaró Daniel Maurate a TV Perú.
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En ese sentido, el titular de la cartera de Justicia explicó que se necesitaría construir 20 cárceles más con las mismas dimensiones que el penal de Lurigancho para atender estos niveles de sobrepoblación.
Asimismo, el ministro recordó que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a construir más penales en el país debido al hacinamiento.
Señaló por ello que existe voluntad y presupuesto para construir más centros penitenciarios. “La presidenta (Dina Boluarte) ha indicado que hay que construir más penales”, resaltó.
Maurate sostuvo que su primero trabajarán en destrabar los proyectos para la construcción de nuevos centros penitenciarios, siendo uno de ellos el del penal de Ica.
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El titular del Minjusdh indicó que se encuentran en conversaciones muy avanzadas con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), a fin de que se hagan cargo de terminar este futuro megapenal, ya que está muy avanzado.
En otro momento, indicó que a su despacho no ha llegado todavía la autógrafa de la ley aprobada en el Congreso que establece cambios al proceso de colaboración eficaz. Agregó que, apenas tenga acceso a ella, se pronunciará al respecto bajo un punto de vista técnico, ello al ser consultado sobre si podría o no ser observada por el Ejecutivo.
“Tenemos que ver su constitucionalidad, tenemos que ver si guarda el principio de legalidad, tenemos que ver el tema de las competencias y otros insumos más (...). Una vez evaluado, sacaremos una opinión que será insumo para la presidenta de la República (Dina Boluarte), porque la facultad de observar o no observar es una facultad constitucional de la presidenta de la república”, precisó Maurate.
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