La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, indicó que ven “con preocupación que la CIHD considere que los hechos execrables de violencia, donde han fallecido hermanas y hermanos peruanos, se hayan dado por motivo de discriminación étnico-racial”.
Si bien reconoció que Perú es uno de los que más casos de discriminación registra América Latina, pero rechazó que este sea considerado en el informe de la CIHD como motivo de los hechos registrados.
Agregó que los hechos de violencia deben investigarse a fondo “porque todos los peruanos y peruanas tienen que saber lo que ha sucedido y evitar que se repita”.
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Asimismo, dijo que algunas de las recomendaciones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) se vienen implementando desde el sector, como impulsar la participación y un diálogo intercultural.
“Es muy importante tener en cuenta que el informe situacional de la CIDH reconoce que nosotros estamos viviendo en un gobierno democrático constitucional”, señaló en entrevista a TV Perú.
Otárola rechaza injerencia
En la misma línea, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, señaló que no se puede aceptar una “práctica injerencista” en las atribuciones constitucionales del país, luego que la CIDH dio recomendaciones sobre institucionalidad democrática en el Perú.
En entrevista en RPP, el primer ministro calificó de “muy interesante” y “poco extraño” las recomendaciones del citado informe CIDH ,donde se abordó la situación de los derechos humanos en el Perú durante las protestas registradas entre el 7 de diciembre del 2022 y el 23 de enero de este año.
“Eso tiene un límite. La Comisión ha entrado a un análisis de nuestro modelo político, que ciertamente tiene algunas contradicciones que es menester abordar un solo poder del Estado que es el Congreso de la República, en cuyo caso nosotros nos remitimos a nuestra Constitución Política”, mencionó.
Según dijo, “podemos recibir un informe muy interesante, con algunas recomendaciones, con varias críticas y sugerencias, pero no se puede aceptar ciertamente es que se pretenda realizar una práctica injerencista en las atribuciones constitucionales en los organismos constitucionalmente autónomos del Perú”.
Finalmente, aclaró que “los lamentables hechos que produjeron la muerte de compatriotas” es materia de investigación reservada del Ministerio Público y precisó que el Poder Judicial determinará si hay responsabilidades individuales en las muertes de manifestantes contra el Gobierno.
“Nosotros respetamos la investigación. Tenemos que ser muy pulcros con las decisiones con las decisiones que tome el Ministerio Público, pero también muy enérgicos en rechazar cualquier intento que quiera obligarnos a nosotros a asignar responsabilidades que solo lo puede hacer un juez o un fiscal”, concluyó.
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