A primera vista, la votación de moción de vacancia el 18 de setiembre parecía una gran victoria para el presidente del Perú, Martín Vizcarra. Solo 32 de 130 congresistas votaron a favor de destituirlo bajo sospecha de que había obstruido una investigación sobre corrupción.
Sin embargo, el presidente debe su supervivencia a la incompetencia de sus enemigos más que a la fuerza o el entusiasmo de sus partidarios. Un congresista, Daniel Urresti, lo describió como “muerto viviente” antes de abstenerse.
Perú necesita un presidente fuerte más que nunca. El país tiene el mayor número de muertes registradas por covid-19 como porcentaje de su población. El gobierno espera que la economía se contraiga un 12% este año, lo que sería la caída más severa en América Latina.
Pero los peruanos tendrán que esperar meses para tener un gobierno en pleno funcionamiento y es posible que ni siquiera entonces lo consigan. El país debe celebrar elecciones generales en abril e investir a un nuevo presidente en julio. La saga de la vacancia presidencial sugiere que el sistema político bien podría fallar en generar estabilidad.
Hasta hace poco, el país ha prosperado a pesar de su caótica política. El crecimiento anual del PBI promedió el 4.5% en la década a partir del 2009, entre los más altos de la región. El Banco Central de Reserva (BCR) ha mantenido baja la inflación y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha controlado los déficits presupuestarios. La tasa oficial de pobreza se redujo de 42% en el 2007 a 20% el año pasado.
Pero la pandemia está demostrando que la política importa. Una de las razones del alto número de casos es que muchos peruanos tienen trabajos informales mal remunerados; si no trabajan, no comen. Muchos también viven apiñados. Muchos desconfían de los políticos que les dicen que no salgan y, por lo tanto, ignoran las reglas. Alonso Segura, exministro de Economía, duda de la predicción del gobierno de que la economía crecerá 10% el próximo año, recuperando gran parte de sus pérdidas.
“No solo faltan las condiciones para reformas favorables al crecimiento, sino que el sistema político se ha convertido en una fuente de perturbaciones y contrarreformas”, dice Segura.
El inesperado ascenso de Vizcarra a la presidencia en marzo del 2018 fue consecuencia de una crisis que comenzó hace 30 años, con la llegada al poder de Alberto Fujimori. Era un líder eficaz, pero despótico y corrupto. Está cumpliendo una sentencia de prisión por abuso de derechos humanos y corrupción.
Dos de sus sucesores están bajo arresto domiciliario. Otro pronto será juzgado. Un cuarto, Alan García, se suicidó el año pasado para evitar ser arrestado. Vizcarra reemplazó a Pedro Pablo Kuczynski, uno de los ex presidentes recluidos en casa, que renunció para evitar una vacancia por acusaciones de corrupción, perjurio y compra de votos en el Congreso.
Vizcarra prometió erradicar la corrupción, por ejemplo, eliminando la inmunidad de legisladores frente al enjuiciamiento. Pero su mandato ha sido más notable por su grandilocuencia que por su reforma. Al principio se enfrentó con el Congreso, que estaba dominado por el partido Fuerza Popular, dirigido por la hija de Fujimori, Keiko. Intentó sacar a Vizcarra. Contraatacó proponiendo celebrar unas elecciones generales un año antes, en abril del 2020, en las que no se presentaría. Cuando el Congreso rechazó su propuesta, lo cerró y convocó una nueva elección solo para la legislatura, que se celebró en enero de este año.
La pandemia golpeó poco después de que el nuevo Congreso asumiera el cargo. Al principio, Vizcarra ganó elogios y popularidad al imponer un confinamiento rápido y estricto y al brindar apoyo a los ingresos de las personas por valor del 12% del PBI. Pero el gobierno tuvo problemas para entregar efectivo a las personas que lo necesitaban (en parte porque carece de información sobre ellos) y perjudicó la economía al cerrar las minas. Los índices de aprobación de Vizcarra siguen siendo altos. Pero chocó con el nuevo Congreso, a pesar de que el fastidioso Fuerza Popular tiene una presencia muy disminuida.
Ahora está envuelto en un escándalo. En mayo surgió la noticia de que el Ministerio de Cultura había pagado desde el 2018 unos US$ 51,000 a un extravagante cantante, que se hace llamar Richard Swing, para dar charlas motivacionales a trabajadores públicos. Swing había hecho campaña a favor de Vizcarra cuando era candidato a vicepresidente en el 2016.
Los enemigos de Vizcarra en el Congreso sugirieron que el presidente o sus principales asesores habían iniciado los pagos a Swing como recompensa tardía. El 10 de setiembre de este año, el congresista que lidera la investigación dijo que tenía una grabación de Vizcarra planeando estrategias con sus ayudantes sobre cómo manejar el asunto. Luego, el Congreso programó una moción de vacancia.
Vizcarra admitió que la grabación, hecha en secreto por una secretaria, era genuina y se disculpó, pero dijo que no había cometido ningún delito. Las torpezas de los líderes del Congreso lo ayudaron. Su presidente, Manuel Merino, llamó a los principales generales de las fuerzas armadas para conversar sobre la vacancia y “tranquilizarlos”, dijo. La administración afirmó que estaba tramando un golpe.
El 12 de setiembre apareció el primer ministro, flanqueado por los generales, para denunciar a Merino. Muchos legisladores decidieron que deshacerse del presidente en un momento de crisis haría al país más daño que bien.
Hay pocas razones para esperar que la calidad del gobierno mejore después de las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año. Ninguno de los 24 partidos registrados ha elegido candidato presidencial. (Los candidatos deben unirse a uno para fines de setiembre). El único candidato con un apoyo de dos dígitos hasta ahora es George Forsyth, un ex portero de fútbol que ahora es alcalde de La Victoria, un problemático distrito de Lima. Su competidor más cercano es “ninguno de los anteriores”. Está coqueteando con Restauración Nacional, un partido evangélico que nunca ha gobernado.
En Perú eso no es obstáculo para ganar altos cargos. García es el único presidente desde 1990 que ganó como candidato de un partido que había gobernado antes. Sin el respaldo de partidos fuertes, los presidentes carecen de apoyo en el Congreso y de ayudantes talentosos para dirigir sus administraciones.
Las elecciones de enero hicieron poco por fortalecer el sistema de partidos. Produjo un Congreso fragmentado, con nueve partidos, a pesar de un umbral de entrada del 5% de los votos. Aunque Acción Popular, un partido de centro derecha, es el más grande del Congreso, solo el 6% de los peruanos lo respalda, según una encuesta de Ipsos. Más del 60% de los votantes se autodenominan independientes. Restauración Nacional no se encontraba entre los 11 partidos por los que preguntó la encuestadora.
El próximo presidente del Perú tendrá escasos recursos para hacer frente a una economía aún herida por la pandemia y el aumento de la pobreza. Las reservas de divisas se han agotado por el costo de las medidas para limitar el declive de la economía. La deuda pública pasará de 27% del PBI el año pasado a 35% en el 2020, según el MEF. Perú necesita reformas económicas, como reglas más claras para fomentar la inversión en obras públicas e industrias tan vitales como la minería. Es poco probable que Vizcarra avance mucho en el poco tiempo que le queda. La preocupación es que su sucesor no logre mucho más.