Martín Vizcarra declarando ante la prensa por presuntos delitos. (Foto: Andina)
Martín Vizcarra declarando ante la prensa por presuntos delitos. (Foto: Andina)

, el expresidente de la República, se pronunció después de que el confirmara la inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos que se le impuso por el caso ‘Vacunagate’.

Como se recuerda, en abril de 2021, el Congreso de la República decidió inhabilitar a Martín Vizcarra Cornejo con 86 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. La inhabilitación se basó en la presunta disposición de Vizcarra para recibir la vacuna contra la de manera secreta e irregular.

En respuesta a esto, el exmandatario interpuso una demanda de amparo, que fue declarada improcedente primero por el Sexto Juzgado Constitucional en mayo de 2021, y más recientemente por la Primera Sala Constitucional de Lima.

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Con miras a las elecciones 2026

A través de su cuenta X, el exmandatario envió un mensaje expresando su confianza para que pueda ser absuelto y pueda postular a las próximas elecciones presidenciales 2026.

Vizcarra participó junto a miembros de su partido Perú Primero (Foto: Joel Alonzo / GEC).
Vizcarra participó junto a miembros de su partido Perú Primero (Foto: Joel Alonzo / GEC).

Expresó que el caso será evaluado por el Tribunal Constitucional (TC) y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Por fin, luego de tres años de paciente espera, el PJ termina el proceso. Ahora le toca al TC y por último el pronunciamiento de la CIDH”, sostuvo.

“Las inhabilitaciones serán levantadas por ser de justicia, y podré postular el 2026, no tengan la menor duda”, resaltó.

Demanda de amparo

Cabe señalar que, por votación mayoritaria, la Primera Sala Constitucional de Lima resolvió rechazar la demanda de amparo interpuesta por la defensa legal de Vizcarra. Esta decisión confirmó la sentencia de la jueza Rocío Rabines Briceño, del Sexto Juzgado Constitucional, quien había declarado improcedente el recurso.

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El exjefe de Estado apeló esta sentencia judicial argumentando que se vulneró su derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y que se produjo un agravio a su derecho de participar de manera individual o asociada en la vida política de la nación.

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