El último martes la Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició un proceso disciplinario inmediato en contra de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tras la “existente evidencia suficiente” de una conducta notoriamente irregular de su parte.
Esto, luego que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) la sindicara como la lideresa de una organización criminal enquistada en el Ministerio Público.
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“El procedimiento disciplinario inmediato es aquel que se sigue a un juez o fiscal en casos en los que existe evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular, o en la comisión de una falta disciplinaria muy grave detectada en el momento en que se está ejecutando”, indicaron.
Tras el inicio de este procedimiento, Gestión conoció que el pleno de esta institución designó a la magistrada Imelda Tumialán como la instructora de esta causa.
La también presidenta de la JNJ ya elaboró un informe preliminar en el que recomienda la suspensión preventiva de Benavides por el plazo de seis meses.
Además, este diario conoció que la fiscal de la Nación ya fue notificada sobre el informe.
Tras esto, Benavides tendrá un plazo máximo de cinco días para formular sus descargos y pedir un informe oral, a fin de ser escuchada en una audiencia ante el pleno de la institución.
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Respecto a en cuanto tiempo la JNJ estará tomando una decisión, fuentes de esta institución indicaron a este diario que no hay un plazo estimado debido a que las diligencias y procedimientos podrían extenderse.
¿Qué pasará con el pedido de Benavides?
Tras conocerse el inicio del proceso disciplinario inmediato en su contra, Benavides presentó una medida cautelar ante el Sexto Juzgado Constitucional para suspender dicha disposición.
El requerimiento forma parte de un pedido de ampliación de la medida cautelar dictada a su favor por la jueza Jacqueline Tarrillo, en octubre de este año.
La magistrada, en su resolución, suspendió las investigaciones preliminares de la JNJ contra Benavides.
Al respecto, desde la JNJ indicaron a Gestión que en caso el Poder Judicial acogiera el pedido formulado por la fiscal la institución se vería obligada a paralizar el proceso; no obstante, precisaron que aún no se ponen en ese eventual escenario.
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