La legisladora del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por las presuntas irregularidades en la elaboración de las observaciones a la autógrafa de ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia, así como por la demora en la presentación de dicho documento.
La denuncia también incluye al premier Gustavo Adrianzén y al ministro del Interior, Juan José Santiváñez.
De acuerdo con el texto, Boluarte habría infringido los artículos 39, 44,103 y 139 de la Constitución al haber cometido presuntas irregularidades en la elaboración de las observaciones presentadas a dicha norma.
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También se le cuestiona por las presuntas irregularidades en la promulgación de la Ley 32138, que modifica la definición del crimen organizado. Esto, habría beneficiado a su hermano, Nicanor Boluarte, quien es investigado en el marco del caso ‘Los Waykis en la Sombra’.
En conferencia de prensa, Adrianzén minimizó la presentación de dicha denuncia, al calificarla de inverosímil. Recordó que el cumplimiento de las funciones del Ejecutivo, como lo es la facultad de observar normas, dentro de los plazos establecidos por ley no puede generar ninguna infracción constitucional.
“El cumplimiento de funciones establecidas en la ley y, sobre todo, el cumplimiento de estas dentro de los plazos establecidos por la ley, no tiene por qué ser generador de ningún tipo de responsabilidad administrativa y funcional, ni mucho menos una pretendida responsabilidad que derive de una infracción constitucional”, enfatizó.
En ese sentido, estimó que la denuncia presentada por Luque definitivamente sería archivada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
“Pueden estar seguros que todas las actividades y actos administrativos que suscribimos en el Consejo de Ministros están apegados estrictamente a lo que dice la Constitución y la ley. No dudo que, por su naturaleza, esta denuncia constitucional será archivada definitivamente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, acotó.
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Se ha dado mayor autonomía a la jefatura del IRTP
El Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) aprobó su nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) en el que habría eliminado el Consejo Directivo, una decisión que recibió críticas debido a que ya no habría una instancia que le haga un contrapeso a la jefa de dicha institución, Ninoska Chandía.
Al ser consultado por la prensa, Adrianzén recordó que, de acuerdo con la normativa, no se exige que los organismos públicos ejecutores, como el IRTP, cuenten con un Consejo Directivo.
“En algunos casos podrán tenerlos (Consejos Directivos) cuando tengan actividades multisectoriales, pero, reitero, no es una obligación de carácter legal”, señaló.
En ese sentido, explicó que lo único que se hizo fue actualizar el ROF en atención a lo dispuesto por la norma legal vigente, por lo que descartó cualquier injerencia en dicha institución.
“Esto da una mayor autonomía a la jefatura y no la hace que esté dependiente de otros órganos superiores”, sostuvo.
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