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A pedido del ministro de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Julio Demartini, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sostuvo la semana pasada una reunión con el miembro del gabinete ministerial para abordar el caso Qali Warma, tras denuncias por productos en mal estado u otras irregularidades.
Esto llamó la atención debido a que no es frecuente que un alto funcionario, que viene siendo investigado en el Ministerio Público, mantenga un diálogo con la máxima autoridad de dicho organismo.
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Al respecto, el vocero principal de la Fiscalía, Víctor Cubas Villanueva, aclaró que las reuniones entre altos funcionarios que registran una pesquisa y la fiscal de la Nación pueden efectuarse; sin embargo, dijo que esto no debe significar de que habrá una injerencia o que se atente contra la autonomía institucional.
“En la fecha, efectivamente se ha realizado una reunión del señor ministro (Julio Demartini) con la fiscal de la Nación. No tengo conocimiento específico de los temas tratados, pero eso de ninguna manera puede significar que las investigaciones que realiza la Fiscalía por mandato constitucional se vayan a ver afectadas”, señaló a Canal N.
En ese sentido, recordó que actualmente el Ministerio Público lleva adelante varias investigaciones contra integrantes del Ejecutivo, entre ellos, la misma presidenta Dina Boluarte, por lo que insistió en que no debe haber ninguna duda respecto.
“El Ministerio Público es un órgano constitucional autónomo y, en el ejercicio del mandato constitucional, investiga y la prueba de que estamos cumpliendo es que hay altos funcionarios públicos comprendidos en investigaciones, la propia presidenta esta comprendida en varias pesquisas”, acotó.
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Algunas leyes han dificultado la persecución del delito
Al ser consultado por las críticas en torno a la liberación de detenidos, Cubas señaló que muchas de estas decisiones responden a análisis legales en casos concretos.
Sin embargo, el vocero cuestionó la aprobación de algunas leyes que, según dijo, han dificultado la persecución del delito, como el recorte de plazos de prescripción y otras disposiciones.
El también exfiscal supremo reconoció que hay fiscales involucrados en actos de corrupción o que no cumplen con diligencia sus funciones. Añadió que estos casos son investigados y sancionados dentro de la institución.
Finalmente, recordó que la Fiscalía presentó suficientes elementos probatorios para sustentar la prisión preventiva, por el plazo de 36 meses, en contra del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, quien se encuentra en calidad de no habido.
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