La audiencia se reanudará este viernes 21, a partir de las 10:00 a.m. Ese día el fiscal provincial Cristhian Niño continuará con la exposición de la imputación y la evidencia en contra de cada uno de los investigados, así como leerá los 204 elementos de convicción que hay en la carpeta. Además, la defensa de Goray podrá hacer uso de la palabra.
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Durante su intervención, el fiscal reveló que la empresaria habría ofrecido S/10 millones adicionales al exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, y su exasesor, Salatiel Marrufo, para que sea usado por los integrantes de la presunta organización criminal que lideraba el expresidente Pedro Castillo.
Este ofrecimiento de dinero sería aparte de los 11 pagos realizados por Goray a Marrufo por un total de S/5′400,000, entre los meses de setiembre del 2021 y junio del 2022.
“Señor juez se habría ofrecido la suma de S/ 10 millones a Salatiel Marrufo y a Geiner Alvarado para lo cual, la investigada Sada Goray vendería uno de sus inmuebles ubicados en Piura a Sencico, a efectos de que esa suma de dinero, a su vez, sea trasladado a estos integrantes de la presunta organización criminal”, indicó el fiscal.
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Dinero de Goray fue usado para pagar a congresistas
En otro momento, Niño leyó la declaración de un colaborador eficaz que implicó a Castillo. Según el testimonio del informante, el exmandatario habría pagado a algunos congresistas con dinero de Goray a fin de que voten en contra de su primera vacancia, impulsada en el 2021.
“Del dinero que me entregó Sada Goray le entregué un S/ 1 millón a Geiner Alvarado para que le entregue al presidente Pedro Castillo, a fin de que pague a congresistas, que desconozco su identidad, y voten en contra de la primera vacancia presidencial. Esa entrega de dinero se realizó en dos partes, la primera parte se hizo días antes de la vacancia del 7 de diciembre del año 20221 y, la segunda parte, días después”, se lee en la declaración del colaborador, narrada por el fiscal.
Como se recuerda, en la investigación están comprendidas 18 personas naturales y seis personas jurídicas. La Fiscalía decidió incorporar al proceso a las siguientes empresas: Inmobiliaria Campanario S.A.C., el grupo de empresas de Marka Group (Marka Group S.A.C., Marka Group Sur S.A.C. y Milima S.A.C.), Praderas de Cacatachi, Inmobiliaria Nuevo San Bartolo S.A.C., Barranca Bonita S.A.C. e Inmobiliaria Nuevo Chiclayo S.A.C.
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