Antes de iniciar su intervención, el fiscal del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), Carlos Ordaya López, pidió al juez Richard Concepción Carhuancho que no aplique en el presente caso los alcances de la ley N° 32108, que modifica la definición de crimen organizado y obliga a que los allanamientos se realicen con la presencia del involucrado y su abogado.
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Esto, luego de que los abogados de los investigados presentaron escritos ante el despacho del magistrado a fin de que se tome en cuenta esta norma al momento de tomar una decisión respecto al requerimiento de prisión preventiva que pesa en contra de sus clientes.
“Antes de iniciar, el Ministerio Público, como tiene el deber de la carga de la investigación, como director de la misma y ante un caso complejo que se ha presentado tras la aprobación de la ley N° 32108, va a sustentar por qué motivos se tendría que inaplicar esta norma”, indicó escuetamente el fiscal.
Sin embargo, Concepción Carhuancho lo cortó para informarle que ese pedido en particular se resolverá al final de la audiencia, que tiene previsto durar alrededor de tres días debido a la enorme cantidad de folios presentados (30,000), pruebas y otros documentos.
La ley en mención, que fue aprobada en segunda votación en la Comisión Permanente el pasado 4 de julio, precisa que se considerará como organización criminal a todo grupo “con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa”, conformado por tres o más personas que, que de manera concertada y coordinada se reparten roles para la comisión de delitos sancionados con más de seis años de cárcel.
Además, tendrá una implicancia directa en los procesos e investigaciones que se encuentran en curso. Es por eso que la Junta de Fiscales Supremos anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) para anular la norma en mención.
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Advirtió que es probable que el Poder Judicial rechace el pedido de prisión preventiva en contra de Boluarte, Castañeda y los demás implicados, siempre y cuando el requerimiento de la Fiscalía no venga acompañada de pruebas que demuestren un presunto entorpecimiento real y efectivo de la indagación.
Presentan nuevos elementos de prueba
En otro momento, el fiscal ratificó la tesis del EFICCOP sobre el accionar de ‘Los Waykis en la sombra’. Según dijo, esta presunta organización criminal se dedicaba a designar prefectos y subprefectos a nivel nacional para lograr la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú , vinculado al hermano de la presidenta, ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Nicanor Boluarte es sindicado como líder de esta presunta organización criminal que habría empezado a operar tras la juramentación de su hermana como jefa de Estado. Ordaya le imputó el haber ejercido un “poder de facto” para instrumentalizar el aparato estatal, a través de las prefecturas y sub prefecturas, y así lograr la inscripción de su agrupación política.
“El señor Boluarte utilizó sus influencias en el Ejecutivo para coordinar y colocar a las personas claves, a efectos de que estos puedan contratar a personas de su confianza”, acotó el fiscal.
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Además, remarcó que el familiar de la jefa de Estado habría solicitado importantes sumas de dinero a estas personas, a quienes además se les exigía recolectar firmas y afiliar a personas a su partido.
El subprefecto de Cajamarca, Gilmer Flores Fernández, de acuerdo a la tesis fiscal, era el “cajero” de la organización en dicha región. Quienes aspiraban al cargo de prefecto habrían pagado S/ 5,000, mientras que los que postulaban a subprefectos tenían que abonar S/ 3,500.
Ordoya también presentó nuevos elementos de prueba en contra de los investigados. Explicó que toda la documentación proviene de un acuerdo de colaboración eficaz, aunque no precisó nombres.
“El día de ayer y estos días se ha ido recabando información. Entonces, se ha hecho las diligencias respectivas y ya se ha traslado el cuaderno reservado de colaboración eficaz a la carpeta principal”, indicó.
La audiencia continuará mañana, a partir de las 11:00 a.m. Se tiene previsto que el fiscal termine sus alegatos y que los investigados y sus abogados hagan el uso de la palabra.
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