Fiscalía: Las claves de la investigación contra Agustín Lozano y los 12 miembros de la FPF

“Los investigados, que formarían parte de una presunta organización criminal dedicada a la administración fraudulenta y otros delitos, habrían permitido el uso, en provecho de terceros, de ambientes del complejo deportivo, generando perjuicios económicos para la institución”, informó el Ministerio Público en sus redes sociales.

Los fiscales ingresaron al Área de Almacén y la Gerencia de Recursos Humanos, a fin de incautar documentación y verificar hechos que son materia de investigación.

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Al término de la diligencia, el coordinador de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, informó que se encontró a siete personas viviendo dentro del recinto, pese a que no son deportistas.

“Se encontraron a siete personas, que no son deportistas, viviendo en la Videna. Según se entiende, los cuartos que están allí son para albergar a deportistas; sin embargo, estas personas afirman que trabajan en la Videna y habría que ver si los trabajadores tienen derecho a usar las instalaciones como vivienda”, señaló Chávez Cotrina, tras precisar que también se investiga un mal uso a la vestimenta que contrata la institución en los diferentes niveles.

¿Quiénes son los investigados y de qué se les acusa?

La Fiscalía investiga a 13 personas en total. Además de Agustín Lozano, las otras personas inmersas en este proceso son: Raúl Bao García, Víctor Bellido Aedo, Luis Duarte Plata, Juan Dupuy García, José Isla Montaño, Gisella Mandriotti Nightingale, Sabrina Martín Zamalloa, Genaro Miñán Armanza, Osías Ramírez Gamarra, Arturo Ríos Ibáñez, Jean Marcel Robilliard y Víctor Rojas Tito.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, una presunta organización criminal, liderada por Lozano, se habría enquistado en la FPF, instrumentalizándola. “Esta presunta organización estaría causando un perjuicio patrimonial en la referida entidad, por el presunto uso indebido del patrimonio institucional, la misma que se encontraría en su misma sede”, se lee en la resolución emitida por el Poder Judicial, al que accedió Gestión.

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Según las declaraciones que brindó un testigo protegido a la Fiscalía, en este momento se está haciendo un uso indebido de las habitaciones que deberían ser de uso exclusivo de los deportistas, sobre todo, de las divisiones menores y del fútbol femenino.

“Me he enterado que empleados administrativos de la FPF están viviendo en dichas instalaciones, lo cuál imposibilita que cuando se requiera que los jugadores de fútbol puedan concentrar ahí o cuando llegue un equipo de fútbol del exterior para enfrentar a nuestros juveniles, no puedan hacer uso de las instalaciones (...) es por ello que la FPF debe hacer un gasto extra para llevar a dichas delegaciones a hoteles fuera de la Videna”, reveló el informante.

Añadió que el Presidente Departamental de la Liga de Tacna, Juan Quispe, vivirá permanentemente en la Videna, pese a los problemas legales que afronta.

El testigo también acusó a la ciudadana Norma Alva Vidal de ser operadora de Lozano en el tema específico de la comercialización de entradas para los partidos de la Selección Peruana de Fútbol, tanto de encuentros oficiales como amistosos.

“Asimismo, tengo conocimiento que últimamente Rosa Alva está pidiendo ropa sobrante de los partidos que juega la selección absoluta y la selección de fútbol femenino. Además, es de precisar que Rosa Alva asiste a casi todos los viajes de las fechas FIFA, en calidad de colaboradora de Agustín Lozano; sin embargo, es desconocido cuál sería su puesto en la FPF”, sostuvo.

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Respecto al allanamiento realizado a las oficinas de la FPF, el testigo dejó entrever que las computadoras de Roxana Bello, secretaria de la presidencia de la institución, y la de Rosa Alva fueron cambiadas días antes de esta diligencia.

“Estas computadoras habrían sido cambiadas porque tenían la sospecha de que la Fiscalía podía intervenir las instalaciones de la FPF; además, es sabido que ambas personas habrían recibido un incremento de sueldo justo por esos días”, manifestó.

Finalmente, informó que dentro de la lista de invitados a viajar a Qatar con la Selección Peruana de Fútbol, para disputar el partido de repechaje con miras al mundial que se realizó el año pasado, se encontraba el chofer de Lozano, el exfutbolista Juan Carlos La Rosa, “pero en el listado lo pusieron como seguridad de la FPF”. Según dijo, los gastos relacionados a estos invitados, en la que no se incluyen a los familiares y personas cercanas a los jugadores y cuerpo técnico, corrieron a cuenta de la Federación.

“Es preciso señalar que la Federación Peruana de Fútbol tiene por finalidad promover, dirigir, administrar y controlar la práctica de fútbol en todas sus categorías, de acuerdo con su Estatuto, lo cuál no estaría ocurriendo en el presente caso”, se lee en la resolución judicial.

La respuesta de la FPF

Horas después del allanamiento, la FPF emitió un comunicado en el que aseguraron que han mostrado su plena disposición para colaborar con el esclarecimiento de los hechos materia de denuncia por parte de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) que, a juicio de ellos, presuntamente tienen por finalidad desprestigiar la gestión actual de la institución.

“Es importante recalcar que, de acuerdo con la ley 30727, la FPF goza de plena autonomía e independencia en materia deportiva, administrativa, económica, financiera y organizacional según su competencia, conforme con los estatutos, reglamentos y decisiones de la FIFA y CONMEBOL, quienes supervisan y fiscalizan sus acciones federativas en todos sus niveles”, se lee en el texto.

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En ese sentido, precisaron que la Federación es respetuosa de las competencias y funciones de las autoridades, pero exigieron que sus facultades sean ejercidas con responsabilidad, en el marco del derecho de defensa y debido proceso, “sin que se vean afectadas la imagen y el respeto de las instituciones, así como de las personas y deportistas que la integran”.

“Asimismo, la FPF discrepa de toda clase de afirmaciones tendenciosas que quieran desmerecer el trabajo interno, por lo que continuará con acciones para salvaguardar su imagen e integridad”, concluye el comunicado.

Al respecto, Chávez Cotrina indicó a radio Ovación que los únicos que cuentan con un principio de extraterritorialidad son las embajadas, más no una entidad como la FPF.

“La investigación no es contra la FPF, es contra una presunta organización criminal que se habría enquistado en la FPF para perjudicar a la institución. Esa es la denuncia de la ADFP y es el marco fáctico que se está investigando”, apuntó el fiscal.

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