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El Ministerio Público realizó una nueva diligencia en la sede de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a fin de incautar computadoras y discos duros en el marco de las investigaciones sobre las contrataciones supuestamente irregulares de personal de dicha institución.
A su llegada al inmueble, Juan Carlos Zúñiga, fiscal del sexto despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción, señaló a la prensa que esta incautación se realiza puesto que en la JNJ no se entregó información que se le requirió.
“Ante esa negativa, se ha pedido autorización al juez y se nos ha autorizado” la incautación correspondiente, señaló el representante del Ministerio Público.
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Esta información se encuentra dentro de computadoras que en una diligencia anterior fueron lacradas, indicó el fiscal. Hoy se prevé recoger dichos objetos para llevarlos a la fiscalía y proceder con las pesquisas que sean necesarias, anotó Zúñiga.
“Son importantes para la investigación; tenemos que analizarlas”, manifestó a la Agencia Andina.
Antecedentes
Luego de la emisión el domingo de un reportaje televisivo sobre la contratación de un grupo de abogados en la Dirección de Servicios Disciplinarios de la JNJ que estarían vinculados entre sí y que habrían modificado certificados para acreditar experiencia laboral en el tema, el Ministerio Público ya realizó diversas diligencias al respecto.
Además de las efectuadas en la sede de la mencionada institución, también ha hecho lo propio en un gimnasio y en un restaurante de comida marina que emitieron los certificados laborales para que los implicados en este caso se presenten a trabajar en la JNJ.
Al respecto, Zúñiga dijo no poder revelar lo encontrado en estos locales, por la confidencialidad del proceso de investigación.
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¿Qué dice la denuncia ?
Punto Final denunció que siete trabajadores de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) provienen de un mismo círculo de amigos y al menos cinco de ellos habrían intercambiado certificados de presunta experiencia profesional para acceder a la institución.
Esta situación se estaría presentando en una de sus tres direcciones, la de Procesos Disciplinarios.
Esta dirección tiene como cabeza a la abogada Marielka Nepo Linares. En su gestión, convirtió al analista Frank Fernández en su mano derecha. El joven abogado ingresó como practicante a la JNJ y consiguió escalar posiciones hasta hacerse de una plaza CAS.
Por su labor actual percibe 8,000 soles mensuales desde setiembre de 2022. Para conseguir el puesto de analista, consignó en su currículum haber laborado como abogado en La Tremenda Corte, una cebichería en Independencia, y en el área legal del gimnasio Millenium.
El ingreso de Fernández dio paso a la contratación de gente de su círculo cercano. Es el caso de Johan Castillo de la Cruz, quien en un inicio consiguió de la JNJ una orden de servicios de la Dirección de Procesos Disciplinarios por S/ 10,000. Posteriormente, se benefició de un puesto CAS con el que ganó, entre 2021 y 2022, S/ 4,000 mensuales.
Johan Castillo fue el fundador de la cebichería La Tremenda Corte, la misma que Frank Fernández consignó en su CV. Castillo y Fernández son amigos, e incluso, la hermana de Johan, Linda Castillo de la Cruz, es la pareja sentimental de Frank Fernández.
Terminado el contrato de Johan Castillo, la JNJ contrató a Linda Castillo, quien también acreditó haber sido abogada de La Tremenda Corte. En su orden de servicios, tuvo como función la revisión y calificación de denuncias dirigidas contra jueces supremos e incluyó en su CV una constancia de experiencia laboral en Millenium, el gimnasio donde supuestamente trabajó también Frank Fernández. Por su labor, recibió 36,000 soles.
Otro personaje de este círculo es Claudio César Valdera Bohorquez, quien accedió a una orden de servicios de S/. 10,000 por un trabajo de 45 días para digitalizar expedientes. De acuerdo a su CV, se desempeñó como administrador del gimnasio Millenium.
Gimnasio Millenium
Punto Final dio cuenta que la dueña del gimnasio, del que César Valdera certificó ser administrador, es su mamá, Edith Bohorquez Carrillo, la misma que firmó las constancias de trabajo de sus amigos. Según su CV, fuera del seno familiar, el contrato en la JNJ fue la primera experiencia laboral de Valdera.
Otro trabajador con contrato CAS vigente en la JNJ es Rayan Dany Calderón Bringas, quien gana S/ 6,000 como analista. Él también es parte de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios y adjuntó en su CV una constancia de trabajo en la supuesta área legal de Millenium.
Milena Aguilar Valle, amiga de Frank Fernández desde tiempos universitarios también accedió a un conjunto de órdenes de servicio en la misma dirección desde marzo de 2022 a agosto de 2023. Su trabajo consta en la revisión y calificación de denuncias dirigidas contra fiscales de nivel inferior al supremo.
Edson Villarroel Beraún, también abogado, recibe S/. 6,500 en la Dirección de Procesos Disciplinarios, para, según su manual de funciones, distribuir los expedientes de denuncias, entre los miembros de la JNJ; así como redactar proyectos de calificación de denuncias.
Villarroel también es un viejo amigo de Frank Fernández. Lo son todos entre sí, un grupo de amigos de la facultad de derecho de la Universidad Federico Villarreal que ha conseguido copar la dirección de la que depende sancionar el mal proceder de jueces y fiscales, relató el reportaje.
