Fiscalía realiza diligencias en JNJ tras denuncia de copamiento de puestos de trabajo

Un equipo de fiscales y policías llegaron esta tarde a la sede de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ubicada en la avenida Paseo de la República (San Isidro), a fin de realizar una diligencia de recolección de información.

Esto, tras la denuncia propalada por el dominical Punto Final respecto a un presunto copamiento de puestos de trabajo en una oficina de la JNJ.

“La 1.ª Fiscalía Anticorrupción de Lima (6.° Despacho) efectúa diligencias en sede de la Junta Nacional de Justicia por presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado, tras supuesta contratación irregular de funcionarios en la Dirección de Servicios Disciplinarios”, informó la Fiscalía en sus redes sociales.

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La diligencia en mención, a cargo del fiscal provincial anticorrupción Juan Carlos Zúñiga Ríos, implicaría reunir los contratos y curriculums de los trabajadores de la JNJ que se encuentran en observación.

En paralelo, una comisión de control de la Contraloría se acreditó ante la JNJ para indagar presuntas irregularidades en torno a estas contrataciones, informó el diario El Comercio.

¿De qué trata la denuncia?

Punto Final denunció que siete trabajadores de la JNJ provienen de un mismo círculo de amigos y, al menos, cinco de ellos habrían intercambiado certificados de presunta experiencia profesional para acceder a la institución.

Esta situación se estaría presentando en una de sus tres direcciones, la de Procesos Disciplinarios.

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Esta dirección tiene como cabeza a la abogada Marielka Nepo Linares. En su gestión, convirtió al analista Frank Fernández en su mano derecha. El joven abogado ingresó como practicante a la JNJ y consiguió escalar posiciones hasta hacerse de una plaza CAS.

Por su labor actual percibe S/ 8,000 mensuales desde setiembre de 2022. Para conseguir el puesto de analista, consignó en su currículum haber laborado como abogado en La Tremenda Corte, una cevichería en Independencia y en el área legal del gimnasio Millenium.

El ingreso de Fernández dio paso a la contratación de gente de su círculo cercano. Es el caso de Johan Castillo de la Cruz, quien en un inicio consiguió de la JNJ una orden de servicios de la Dirección de Procesos Disciplinarios por S/ 10,000. Posteriormente, se benefició de un puesto CAS con el que ganó, entre 2021 y 2022, S/ 4,000 mensuales.

Tras conocerse esta denuncia, la JNJ emitió un comunicado en el que dio cuenta que la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios ya ha iniciado investigación sobre estos hechos.

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