La Fiscalía de la Nación señaló, mediante un comunicado, que la desactivación del equipo policial que apoyaba el Eficcop tendría relación con la detención preliminar contra Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y otros seis investigados.
Indicó que se vienen evaluando indicios sobre la presunta comisión de delitos por parte de altos funcionarios, tal como lo estipula el artículo 99 de la Constitución Política.
Cabe mencionar, que esta evaluación surge en el contexto de la reciente adaptación de la resolución ministerial número 0610-2024, emitida por el ministro del Interior, Walter Ortiz Acosta.
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“Dicha normativa, difundida anoche, por la cual desactiva el Equipo Especial de Apoyo al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) de la Policía Nacional del Perú, alega duplicidad de funciones con la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y, luego, irregularidades en su creación, debido a que tendrían relación con el auto de detención preliminar judicial, (Resolución n.° 1 del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional), emitida hoy, en contra de Nicanor Boluarte Zegarra, Mateo Castañeda Segovia y otros seis investigados”, sostiene la Fiscalía en su comunicado.
Es importante recalcar que dicho documento desactiva el equipo especial de apoyo al equipo especial de fiscales contra la corrupción de la Policía Nacional del Perú, bajo el argumento de una supuesta duplicidad de funciones con otra división como la Diviac.
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Detención de Nicanor Boluarte
En horas de la mañana, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar de Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidente Dina Boluarte, por organización criminal y tráfico de influencias en agravio del Estado. También se encuentra en la lista Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, abogado de la Jefe de Estado.
Por otro lado, se pidió la detención de Jorge Ortiz Marreros, Noriel Chingay Salazar, Zenovia Griselda Herrera Vasquez, Jorge Chingay Salazar, Víctor Hugo Torres Merino, Edwin Walter Ugarte Nina. Además, ordenó la incomunicación de estas personas, una vez que sean detenidas, la cual, tendrá un plazo máximo de 10 días.
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