En este corto lapso de tiempo no solo se aprecia una mayor presencia policial en dichos lugares, sino también se realizaron diversos operativos e intervenciones que derivaron en la detención de personas con requisitoria, así como se incautaron diversos armamentos de fuego, armas punzocortantes, entre otros hallazgos.
Sin embargo, esto no ha sido suficiente para evitar que se produzcan actos delincuenciales en estos distritos, y con fallecidos de por medio.
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El último miércoles se reportó un feroz ataque armado en el parque Los Libertadores, ubicado a la altura del Paradero 12 de la avenida Las Flores (SJL). Producto del enfrentamiento un hombre murió y otros dos resultaron heridos.
Según testigos, las víctimas se encontraban departiendo en el parque, cuando de pronto apareció un presunto sicario, que sacó su arma y disparó a sangre fría. Este hecho actualmente se encuentra en investigación en la Policía Nacional del Perú (PNP).
“El estado de emergencia está en desarrollo, esto se tiene que evaluar. Los niveles de violencia son bastante altos. Esto justifica el estado de emergencia (...) de la noche a la mañana no se puede cortar los delitos”, dijo tras pedir paciencia a la población.
Gestión se comunicó con un exdirector de la PNP y con un exministro del Interior para analizar la medida adoptada por el Gobierno, sus implicancias y posibles consecuencias.
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¿La declaratoria de emergencia es una medida oportuna?
El exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, consideró que la declaratoria de emergencia en un distrito y/o jurisdicción es una medida correcta siempre y cuando venga acompañada de otras disposiciones adicionales, entre ellas, una planificación correcta.
Una de esas medidas adicionales es la identificación de puntos o zonas críticas dentro del distrito, algo que, a su juicio, no ha ocurrido.
“El estado de emergencia tiene como objetivo el intervenir todos estos puntos críticos para detener a los que son supuestamente delincuentes, poder recuperar armamento, recuperar e intervenir en el tema de drogas y prostitución; sin embargo, vemos que eso no se está haciendo. Se está limitando todo al control de la identidad; es decir, un policía toma 3 o 4 cuadras de una avenida principal y documentos. El que no tiene es conducido a la comisaria. También se revisa si hay personas con requisitoria. Eso nomás”, criticó.
Pérez Rocha recordó que en la PNP, antes de la declaratoria de un estado de emergencia, siempre se ha trabajado en una toma de decisiones, estrategia y táctica.
“Estrategia es qué hacer y la táctica es cómo hacerlo. Por ejemplo, la estrategia en el marco de emergencia es disminuir los casos de delincuencia. En lo que respecta al cómo hacerlo, se tiene que tener tres requisitos indispensables: que sea adaptable, que se cumpla y que se ejecute. Si algo de eso no se presenta, no se puede tomar la decisión”, enfatizó.
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Sin embargo, el general en retiro de la PNP consideró que ninguno de estos requisitos se ha cumplido en el presente caso.
“Esto (declaratoria de emergencia en SJL, SMP y Sullana) es algo que no se planificó. Es cosa de coyuntura y sin haber establecido metas, qué no hay hasta ahora”, sostuvo tras precisar que, hasta el momento, esta medida no está dando los frutos esperados.
Por su parte, el exministro del Interior, Remigio Hernani, señaló que el estado de emergencia funciona siempre y cuando sea una medida de carácter general y no parcial, tal como ocurre actualmente.
“Esta declaratoria de emergencia hace que no haya una garantía de libre tránsito en la zona; es decir, cualquier persona puede ser detenida y su domicilio puede ser allanado, porque no hay inviolabilidad de domicilio. No se va a demorar 24 o 48 horas en obtener el permiso, esa es la ventaja que tiene la Policía en esas circunstancias. La presencia de los militares ayuda bastante, disuade a la delincuencia, pero no intervienen, no agarran a las bandas”, remarcó.
Hernani también mostró sus dudas respecto a si el denominado “Plan Boluarte” tiene el suficiente personal de investigación criminal para realizar las capturas de delincuentes, así como para desarticular las organizaciones y bandas criminales que operan en dichas zonas.
“Las capturas tampoco se realizan de la noche a la mañana, hay que hacer un seguimiento, hay que obtener evidencias, pruebas e indicios para poder capturar a los delincuentes y allanar sus domicilios, o sea, no es cuestión pues de que se me antoja capturar a cualquiera porque a mí me parece que son delincuentes”, apuntó.
En ese sentido, consideró que el estado de emergencia en dichas zonas “darán resultados muy limitados”. “Habrá algunas capturas adicionales, pero la mayor parte (del hampa) va a emigrar a otros distritos”, manifestó.
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¿Se debe declarar en emergencia todos los distritos de Lima Metropolitana?
Tras conocerse la declaratoria de emergencia en SJL, SMP y Sullana, diversos especialistas, autoridades municipales y ciudadanos demandaron al Gobierno que esta medida se extienda a todos los distritos de la capital del país.
Pérez Rocha coincidió con Romero e indicó que no todos los distritos de la capital deben ser declarados en emergencia por una razón: no hay suficiente personal de la Policía y FF.AA. Para salir a patrullar.
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“Si quieres declarar en emergencia un distrito lo primero que tienes que hacer es duplicar, como mínimo, la cifra de efectivos policiales por jurisdicción. Esto quiere decir que tú vas a tener que sacar efectivos policiales de otras unidades, distrayendo el aspecto de la función que tienen. En lo que respecta a los militares, a nivel nacional si tú sumas a todos los efectivos de las FF.AA. no llega ni a la mitad de los efectivos de la Policía, no llegan a 70,000. A lo mucho habrá 5,000 militares capacitados. Entonces, de donde vas a tener a tanto personal para salir a patrullar”, se preguntó.
El exdirector de la PNP enfatizó que todas las comisarías cuentan con los mapas del delito, con sus puntos y/o zonas críticas, por lo que ya tienen conocimiento en donde redoblar sus esfuerzos.
A diferencia de Pérez Rocha, Hernani remarcó que sí es necesario que el estado de emergencia se extienda a toda la capital para que tenga éxito.
De lo contrario, dijo que se produciría una “fuga de la criminalidad a otros lugares”, lo que sería aún más peligroso.
¿Cuáles son las posibles consecuencias de una declaratoria de emergencia solo en dos distritos de la capital?
A lo largo de estos días diversos especialistas advirtieron el posible traslado de la criminalidad y delincuencia de SJL y SMP a las zonas y/o distritos aledaños que no se encuentran en estado de emergencia, como el Rímac, El Agustino, Los Olivos, Cercado de Lima, entre otros.
Al ser consultado por la prensa, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, descartó de plano que eso pueda ocurrir al señalar que no se está descuidando la labor policial en otros lugares.
“Creo que (eso) no (sucede). De acuerdo a lo que ha manifestado el sector Interior en el Consejo de Ministros y con la labor que ha hecho la Policía, no se está descuidando la labor policial en otros distritos, más aún en los distritos aledaños a SJL y SMP”, anotó.
Pérez Rocha consideró que es una posibilidad de que esto finalmente ocurra, pese a todos los esfuerzos que haga el Ejecutivo para evitarlo.
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“Es una posibilidad, pero no quiere decir que ya es un hecho. Esto lo vamos a conocer lógicamente a fin de año. El Instituto Nacional de Estadística saca un informe semestral sobre el índice de la criminalidad e inseguridad social y ahí te darás cuenta de si se produjo el traslado de la criminalidad a estas zonas aledañas”, apuntó.
Para Hernani es un hecho de que habrá el traslado de la criminalidad a otros distritos. En ese sentido, recordó el caso de la región Callao, que hace algunos años fue declarada en emergencia, pero no tuvo resultados satisfactorios.
“Tenemos la mala experiencia del Callao. Recordará usted que hace unos 5 a 6 años atrás fue declarada en emergencia y todos los delincuentes de esa zona migraron al Cono Norte, San Miguel, Los Olivos, Independencia, Comas y a San Martín de Porres. Todas esas zonas fueron invadidas por los delincuentes procedentes del Callao y, cuando pasó la emergencia, regresaron a su hábitat natural. ¿Acaso el ministro del Interior no se acuerda de eso?”, se preguntó.
¿Qué medidas y propuestas deben ser tomadas en cuenta para acompañar el estado de emergencia?
Tanto Pérez Rocha como Hernani dieron una serie de medidas y propuestas adicionales para acompañar el estado de emergencia y contribuir a que esta medida tenga resultados satisfactorios.
Pérez Rocha consideró que el Ejecutivo debe reactivar el Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc), que fue creado en el año 2012 con la finalidad de planificar, articular, supervisar y dar seguimiento a la política criminal del Estado, así como de analizar el fenómeno social del delito y de aprobar las medidas para combatirlo.
“Este grupo es integrado por el ministro de Justicia e Interior, el presidente del Poder Judicial, la fiscal de la Nación, el Comandante General de la Policía, el jefe del INPE y el secretario del Conasec. Tienen que reunirse para hacer una planificación, preparar proyectos de ley y disminuir estos índices de inseguridad ciudadana”, sostuvo.
También señaló que los alcaldes distritales y provinciales, que presiden los consejos de seguridad de sus jurisdicciones, deben presentar su plan de seguridad ciudadana al 2023, algo que no han hecho hasta ahora.
“Los alcaldes tienen que hacer estas reuniones cada tres meses y convocar a la ciudadanía. Decirles que están haciendo; sin embargo, estamos ya en el octavo mes y ningún burgomaestre lo ha hecho”, cuestionó.
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En tanto, Hernani dijo que es urgente modificar varios artículos del Código Procesal Penal para que la Policía tenga nuevamente la capacidad de investigar el delito, algo que actualmente recae sobre el Ministerio Público.
“La delincuencia se ha incrementado a partir del 2012 con mucha velocidad precisamente por la inoperancia de la Fiscalía, porque ellos se creen detectives, pero en realidad son abogados. Lo están haciendo de manera equivocada”, apuntó.
Agregó que debería haber una reforma en la organización policial. “Tiene que haber dos tipos de Policía: uno que hace prevención con uniforme y otro que hace investigación criminal sin uniforme”, añadió.
Finalmente, sugirió formar unidades, cada una con 200 detectives, para combatir la extorsión y los denominados préstamos ‘gota a gota’ en puntos estratégicos de la capital.
Precisamente, solamente entre abril y junio de este año la Central Única de Denuncias (CUD) del Viceministerio de Seguridad Pública del Mininter recibió 463 denuncias por extorsión relacionada únicamente a préstamos en la modalidad ‘gota a gota’ a nivel nacional.
Las tres principales zonas donde se reportaron estas denuncias fueron Lima, Callao y Piura. Dentro de la capital, los distritos con más casos son San Martín de Porres, Comas y San Juan de Lurigancho.
Del total de denunciantes, el 51% fue captado por las redes sociales, mientras que el 25% por un aplicativo y un 14% a través de una tarjeta.
En cuanto a los montos solicitados, el 23% señaló que recibió de los prestamistas entre S/ 251 a S/ 500, mientras que el 20% indicó que recepcionó entre S/1,001 a S/2,000.
