Redacción Gestión

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La demora en la elección de los próximos seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC) generará problemas en la conservación de su línea jurisprudencial y aumentaría la posibilidad de un mayor riesgo de control político por parte del Congreso, afirmó Ernesto Álvarez, presidente del TC, en una entrevista a Canal N.

"La renovación de los seis miembros podría darse en un contexto de mayoría parlamentaria muy clara y prácticamente perder autonomía e independencia del TC, que es uno es los órganos más importantes del Estado", manifestó.

Al ser cuestionado sobre la inconstitucionalidad de algunos decretos de urgencia, Álvarez afirmó que varios temas que deben ser resueltos en el ámbito político se han judicializado como resultado de una tendencia global. "El TC muchas veces tiene que resolver en un contexto técnico-jurídico aquello que no se resolvió en el ámbito político por falta de diálogo y calidad política para lograr consensos", agregó.

Conga

Casos como los de Majez-Siguas y el Proyecto Conga serían parte de este problema. El riesgo de traerlos frente al TC es que se opte por resolver solamente un tema formal y no todos los ámbitos o sesgos posibles del problema. "La respuesta del TC no puede ser netamente jurídica; también debe ejercer la función de un intérprete verdadero del principio de prevención", indicó.

Asimismo, estimó que la sentencia para el caso Conga no será simple. "Requiere de un debate muy fuerte entre los magistrados que no se va a referir únicamente a un tema formal", dijo. Confirmó que se espera en menos de dos meses.

Ley mordaza

Álvarez también afirmó que es un tema aún pendiente y que ha habido una falta de respuesta por parte de los medios de comunicación y los legisladores sobre el mercado clandestino de audios y videos. "Es un mercado que seguirá siendo lucrativo y entrarán más empresas si no se le pone un coto a la demanda (…) el límite tiene que estar establecido por la norma legal", expresó.

Por esa razón, el magistrado no ve la autorregulación como una solución. "La autorregulación ha probado no ser eficaz; no puede haberla entre empresas y periodistas que compiten sanamente, con mayor tenacidad", dijo al respecto. Aclaró que los límites establecidos deben también respetar la libertad de empresa y de expresión.