El expediente del Ministerio Público, que investiga al congresista Edgar Tello (Podemos Perú) por presunto recorte de salario a sus trabajadores, señala que Ana María Rojas, secretaria del parlamentario, era quien recolectaba el dinero que se le descontaba a sus compañeros, bajo amenazas de despido si no cumplían con el “aporte” solicitado del legislador.
El dominical ‘Punto Final’ detalló la participación de esta funcionaria. Según el documento fiscal, Rojas comenzó como asistente en el despacho de Tello en mayo de 2022, pero fue promovida a técnica ST6 al año siguiente. Durante ese tiempo, ella habría estado involucrada en la contratación de su sobrino, José Carlos Flores Rojas, quien fue empleado en la Comisión de Comercio Exterior bajo la presidencia del parlamentario.
Según el reportaje, Ana María Rojas obtenía el dinero de los trabajadores como parte de un esquema de recortes salariales. En ese sentido, los mismos empleados del despacho la señalaban en sus respectivas declaraciones en el Ministerio Público.
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‘Punto Final’ difundió un audio donde esta funcionaria también parece haber competido con otras trabajadoras para obtener la aprobación de Edgar Tello. En una conversación, reveló su frustración por no recibir el reconocimiento del parlamentario tras su labor.
Recorte de sueldos y pedido de donación a Taipéi
La Fiscalía de la Nación presentó el pasado 1 de agosto una denuncia constitucional contra el congresista de Podemos Perú, Edgar Tello, por el caso denominado ‘Mochasueldos’, en el que se le acusa de haber recortado y pedido los salarios de los trabajadores de su despacho.
Los hechos imputados están relacionados con los supuestos recortes de remuneraciones a cuatro trabajadores de confianza de su despacho congresal.
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El Ministerio Público establece que Tello Montes, en su condición de presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo entre los años 2022 y 2023, pidió ayuda a la Oficina Económica y Cultural de Taipéi por un valor de 8 000 dólares para entregar canastas con víveres y 50 cocinas equipadas a las ollas comunes y comedores populares.
Sin embargo, el Ministerio Público señaló que, luego de recibir el monto indicado y “abusando de su cargo”, el legislador habría obligado a los trabajadores de su despacho y de la comisión congresal a cubrir el costo de S/ 27,800 para cumplir con las entregas.
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