:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/HMN2VJUHCFDENCLYJZNXI3V4TU.jpeg)
La presidenta Dina Boluarte afirmó este jueves que el gobierno que lidera afronta la coyuntura actual con la toma de acciones en el marco de democracia. Desde finales del 2022, el Perú atraviesa por una convulsión social expresada a través de protestas en diferentes regiones acompañadas por el bloqueo de carreteras y enfrentamientos con las fuerzas del orden.
“Reafirmo nuestro compromiso de seguir trabajando por los más vulnerables y los pueblos de la Amazonía. Somos un Gobierno enteramente al servicio de las personas. Un Gobierno que ha afrontado una coyuntura y con medidas concretas para impulsar la reactivación y generación de empleos y oportunidades. Siempre ellas, en el marco de la democracia, con diálogo, con transparencia, con eficiencia y luchando contra la corrupción y la impunidad”, remarcó durante la ceremonia de zarpe de la primera etapa de las campañas acción social de los PIAS fluviales, en la región Loreto.
Esta mañana, un grupo de manifestantes protestó contra la jefa de Estados en los exteriores del Aeropuerto Internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignetta, situado en Iquitos.
LEA TAMBIÉN: ONU pide al Gobierno informar sobre el uso de la fuerza durante las manifestaciones
ONU pide informe al Perú sobre uso de la fuerza en las protestas
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al Gobierno de Dina Boluarte informar sobre las acciones que tomaron durante las protestas, luego de que tuvieran conocimiento de un uso excesivo por parte de las fuerzas del orden.
A través de una carta remitida al representante de la Misión Permanente del Perú ante la ONU, Luis Juan Chuquihuara, la entidad pidió que la canciller Ana Cecilia Gervasi recibiera el documento suscrito por siete relatores de este organismo, en el que solicitan al Gobierno peruano pronunciarse sobre las denuncias en un plazo máximo de 60 días.
En dicho documento, señalan que ha habido un uso excesivo de la fuerza que provocó un elevado número de muertes ilíticas, el presunto uso abusivo de los tipos penales de terrorismo en contra de los manifestantes, supuesta detenciones arbitrarias. Además, de casos de desaparición forzada, estigmatización y violaciones al debido proceso en contra de los manifestantes.
