Este 23 de setiembre, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 31880 que delega la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres por el Niño Global, infraestructura social, calidad de proyectos y meritocracia, por un plazo de 90 días.
A través del Diario El Peruano, se muestra que los términos de esta norma hacen referencia al artículo 104 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República.
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Facultades en seguridad ciudadana
Se actualizará la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y se fortalecerá las medidas de atención frente a los casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.
Además, se autoriza el uso de recursos de canon y sobrecanon para fortalecer la seguridad ciudadana sin afectar la autonomía que poseen los gobiernos regionales y locales del Perú; establecer modificaciones en la prevención, combate del comercio ilegal de equipos móviles, recuperación de bienes extraviados y delitos conexos.
A su vez, se prevé modificar el Código Penal para no criminalizar la libertad de información, opinión, expresión y difusión de pensamiento, así como el derecho de reunirse pacíficamente, sin armas u otros derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Politica del Perú.
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Facultades en gestión del riesgo de desastres
Se planea mejorar el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) mediante cambios en la Ley 29664. Estos cambios se centran en mejorar la eficacia de los planes de gestión, la gestión institucional del sistema y la certificación de competencias técnicas de profesionales.
También se busca agilizar las contrataciones públicas a través de una ley que reactive obras públicas paralizadas y permita convocar un procedimiento especial de selección hasta el 31 de diciembre del 2024.
Además, se fortalecerá el seguro agrario, asegurando que los créditos agrarios respaldados por recursos públicos tengan un seguro cofinanciado por el Fondo de Garantía para el Campo y el Seguro Agropecuario (Fogasa), entre otras medidas.
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Facultades en infraestructura social
Se proponen medidas para fomentar la innovación tecnológica y reducir la falta de acceso a los servicios de telecomunicaciones en infraestructura social y proyectos de alta calidad. Además, se busca fortalecer las competencias de las entidades del sector y mejorar la prestación de servicios de saneamiento a nivel nacional.
También se pretende cerrar las brechas en la cobertura de servicios de saneamiento en áreas rurales, permitiendo al Ministerio de Vivienda ejecutar proyectos de inversión a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural hasta finales de 2026, con un límite de 4 millones S/ 500,000.
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Facultades en gestión pública
Finalmente, se planea mejorar la gestión pública y asegurar la igualdad en salarios y beneficios para los servidores públicos al incorporarlos al régimen del servicio civil.
Esto se espera lograr mediante la implementación de reglas claras y oportunas para la transferencia de las entidades públicas mencionadas en la Ley 30057 al régimen del servicio civil regulado por esta ley.