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El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) presentó propuestas y proyectos al Congreso de la República como parte del pedido de facultades legislativas del Poder Ejecutivo al parlamento.
Estas propuestas están enfocadas en brindar una mejor gestión en materia de agua y saneamiento, regularizar el derecho a la propiedad y ejecución de intervenciones a través de Núcleos Ejecutores en zonas rurales.
El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Hernán Navarro, y también encargado de sustentar ante la Comisión de Constitución del Congreso el pedido, dio a conocer los proyectos de Decreto Legislativo del sector.
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Propuestas legislativas
Uno de los proyectos abarca el Decreto Legislativo de la nueva Ley de Servicios de Agua y Saneamiento. Este emprendimiento surge de la urgencia de robustecer las empresas proveedoras de servicios de saneamiento (EPS) en todo el país, en términos de su gestión administrativa, comercial y operativa. Igualmente, persigue agilizar la implementación de iniciativas que faciliten la reducción de las desigualdades en el acceso a estos servicios esenciales.
El segundo proyecto consiste en la modificación del Decreto Legislativo Nº 31015, que otorga la autorización para la realización de intervenciones en infraestructura social, productiva y natural mediante núcleos ejecutores. Esta modificación proporcionará el marco legal necesario para emprender proyectos de agua y saneamiento en áreas rurales a través de la figura de los Núcleos Ejecutores, lo que implica la participación directa de las familias beneficiarias. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) tiene una cartera de 378 proyectos por S/ 1,109 millones, con el propósito de brindar servicios básicos a 105,000 personas en situación vulnerable.
El tercer Decreto Legislativo trata sobre la Regularización del derecho de propiedad, características físicas de los predios urbanos, habilitaciones urbanas y edificaciones, con el objetivo de abordar las construcciones informales y viviendas sin títulos de propiedad. Este proyecto busca extender el plazo para regularizar viviendas hasta la fecha actual y establecer un bono de Regularización de Edificaciones, destinado a familias de bajos recursos para regularizar su propiedad.