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La Defensoría del Pueblo presentó el último Reporte de Conflictos Sociales, correspondiente al mes de octubre de 2024, en el que se da cuenta –entre otros aspectos– de 209 controversias registradas (163 activas y 46 latentes).
Del total de casos activos, hay 89 conflictos en fase de diálogo (54.6%), 39 en desescalamiento, 20 en fase temprana, 15 en escalamiento y ninguno en crisis.
El reporte, que contiene información de las tres unidades funcionales de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad: Prevención y Alertas, Mediación y Gestión de Conflictos, y Gestión de Cumplimiento de Acuerdos, en coordinación con las oficinas desconcentradas a nivel nacional, señala que con relación al mes anterior se registraron siete casos nuevos en Áncash, Cajamarca, Cusco, Lima Metropolitana, Puno y Ucayali.
Según la tipología, cuatro de estos nuevos conflictos son por asuntos de gobierno local, uno es por asuntos de gobierno regional, uno por demarcación territorial y uno es por otros asuntos. Respecto a la fase en la que se encuentran, dos están en diálogo, dos en fase temprana, y tres se encuentran en escalamiento.
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Los conflictos que se resolvieron
En octubre también se resolvieron tres conflictos Sociales en Amazonas, Apurímac y Junín. Un caso es de tipo socioambiental, uno es por asuntos de gobierno regional y uno es de tipo comunal. Por otro lado, debido a la inactividad prolongada de acontecimientos y a la no participación de actores sociales en el contexto del conflicto, un caso fue retirado del reporte, el mismo que era de tipo socioambiental.
Con relación a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (32 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (23), Puno (18) y Piura (13), que equivale al 41.1% del total de conflictos sociales a nivel nacional.
En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos con 108 casos (51.7%). Los conflictos por asuntos de gobierno nacional es el segundo tipo más frecuente, con el 12% (25); le siguen los conflictos de tipo comunal, con 12%, y los conflictos por asuntos de gobierno regional, con 8.6%.
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Los conflictos socioambientales vinculados a la minería representan el 31.1% del total de conflictos sociales reportados.
Del total de casos activos, el 54.6 % (89 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo. De ellos, el 69.7 % (62 casos) corresponde a casos socioambientales. De los 55 conflictos socioambientales vinculados a la actividad minera en estado activo, el 74.5% está en fase de diálogo.
Asimismo, se registraron 181 acciones colectivas de protesta en el mes de octubre. Del total, el 48.1% fueron plantones o concentraciones, y el 17.1% se trató de marchas. Los lugares que registraron mayor número de protestas fueron Lima Metropolitana (31), Piura (15), Junín (13), Cajamarca (12), entre otros.
En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envía al Estado, las empresas y la sociedad 20 alertas tempranas (ver página 9 del reporte), para que se actúen en el marco de sus competencias y responsabilidades. Del total de alertas, 7 son casos nuevos, 2 son casos activos y 11 son casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales.
El Dato
Durante el mes de octubre la Defensoría del Pueblo realizó 231 actuaciones defensoriales, de las cuales 175 corresponden a acciones de supervisión preventiva, 55 a intermediación y 1 a acciones de defensa legal.
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