Víctor Prado criticó la larga duración de las audiencias de prisión preventiva. (FOTO: USI)
Víctor Prado criticó la larga duración de las audiencias de prisión preventiva. (FOTO: USI)

Estamos a algo más de un día para que la Sala Plena de la Corte Suprema decida quién será el nuevo presidente del Poder Judicial en los próximos dos años.

En medio de la espera, durante la semana han surgido pedidos para que su actual titular, Víctor Prado, se quede en el cargo.

El detalle es que cuando Prado asumió, en julio pasado, manifestó que según los “hechos concretos y el marco legal vigente” no era posible la reelección.

Al respecto, Ronald Gamarra indicó que “así llegamos, otra vez, a la elección del presidente o presidenta del Poder Judicial. Opaca, nada transparente, nada pública, sin mayores reglas, sin conocer a los candidatos, sin saber de sus propuestas”.

Entre los 17 magistrados que podrían asumir el cargo se escuchan con fuerza los nombres de Elvia Barrios y José Luis Lecaros.

Pronunciamiento

Ante este panorama, el Instituto de Defensa Legal (IDL) emitió un pronunciamiento para pedir que no se repitan los errores que dieron origen a lo revelado en los CNM Audios.

"A pesar de los esfuerzos personales y aislados de unos pocos magistrados, esta (elección) se va a desarrollar sin un reglamento mínimo que permita conocer quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas de trabajo, cuáles son los casos en los que han participado y, sobre todo, quiénes son los supremos que apoyan tal o cual candidatura", indicó.

Advirtió que esta situación pone en grave riesgo el proceso de reforma iniciado en el Poder Judicial, luego de la renuncia de su expresidente Duberlí Rodríguez.

Añade que según se conoce, los CNM Audios comprometerían a un grupo de actuales jueces supremos cuya responsabilidad aún no ha sido investigada, y que, peor aún, formarían parte del plan del exjuez César Hinostroza para lograr una hegemonía en el Poder Judicial.

"Hay jueces supremos que aparecen en los audios y que fueron nombrados en los años 2015 y 2017 por el Consejo Nacional de la Magistratura dirigido por el hoy procesado Guido Aguila. ¿Por quién votarán estos magistrados, y cuáles serán las razones de su voto?", enfatizó el IDL.

Agrega que el escándalo de los CNM Audios evidenció cómo una red de corrupción utilizó ciertos espacios para avanzar en el sistema de justicia, siendo la elección de las autoridades del gobierno judicial uno de ellos.

"Este hecho, sumado al escenario actual de importantes procesos judiciales en curso por los caso CNM Audios y Lava Jato, exige que la presidencia del Poder Judicial recaiga en quien garantice independencia y la continuidad del proceso de reforma iniciado", anotó.

En ese sentido, subrayó que el futuro titular del Poder Judicial debe ser una persona que esté lejos del más mínimo cuestionamiento y, además, debe ser alguien que con sus acciones en contra de la corrupción haya generado la confianza y la legitimidad ciudadana.

"Esta elección de la Presidencia de la Corte Suprema, así como las de 35 Cortes Superiores, es crucial para el país, y debe realizarse en base a las trayectorias reconocidas, un requisito esencial que ha sido solicitado públicamente por la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM), y que compartimos. Además, coincidimos con que no se puede considerar como una reelección a la Presidencia, sea de la Corte Suprema o de la Corte Superior, una encargatura surgida de una situación excepcional, tal como ha establecido la R. A. Nº 275-2018 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para la elección en las Cortes Superiores", explicó.

Por estas razones, el IDL considera que dichas garantías de independencia y liderazgo anticorrupción se condicen con el trabajo que viene realizando el juez supremo Víctor Prado Saldarraiga.

"De resultar favorecido (Prado) por el voto de sus pares deberá reimpulsar el camino emprendido en la agenda anticorrupción con miras a una reforma integral del sistema de justicia que incluya la presupuestal y la laboral", finalizó.