En un esfuerzo conjunto para combatir el contrabando en Latinoamérica y proteger las economías regionales, el mes pasado se realizó en Santa Cruz (Bolivia) el noveno encuentro de la Alianza Latinoamericana Anti Contrabando (ALAC) con la participación de líderes empresariales y funcionarios gubernamentales.
El evento, en el que estuvo presente Gestión, contó con la participación de delegaciones de más de 15 países de la región, entre ellos, Argentina, Perú, Chile, Colombia y Bolivia.
En representación de nuestro país participaron representantes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio de la Producción (Produce).
Precisamente, la PNP juega un rol importante al momento de desbaratar las mafias que se dedican a este delito, así como identificar las vías por donde se transporta la ilegal mercancía.
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En conversación con este diario, el director de la Policía Fiscal del Perú, Nilson Santos Villalta, advirtió que por la frontera sur del Perú (Tacna y Puno) ingresa casi el 60% de todas las mercancías y productos ilícitos.
“Un 18% hasta un poco más de contrabando ingresa por el Terminal Marítimo del Callao, mientras que otro 10% se da por la frontera norte del Perú y lo que resta (12%) ingresa por Iquitos y la zona selva. Esa es la distribución del ingreso del contrabando al país, pero esto se va a incrementar significativamente por la puesta en funcionamiento del Puerto de Chancay, en noviembre”, señaló.
Respecto a cuáles son los productos ilícitos que más entran por la zona sur del país, el coronel PNP informó que los licores, vehículos siniestrados, autopartes de vehículos, ropa de segundo uso y cigarrillos son los más demandados, mientras que en la zona norte del Perú lo que ingresa normalmente de contrabando son las medicinas, insecticidas y combustible.
“En el Terminal Marítimo del Callao ingresa todo tipo de mercancía. En lo que va del año hemos decomisado llantas para vehículos menores, computadoras, repuestos, entre otros”, añadió.
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Hasta fines de junio pasado, la Policía Fiscal había realizado incautaciones y decomiso de productos de contrabando por un monto de S/242 millones. En ese sentido, Santos indicó que su institución ya se encuentra en un 65% del cumplimiento de la meta fijada a inicios de año.
“El 2023 la valorización de las mercancías incautadas fue de S/ 422′329,000. Ahora, vamos en S/242 millones al 30 de junio. Nuestra meta es (incautar y decomisar productos por) S/ 460 millones; o sea, un porcentaje superior al del año pasado y vamos por buen camino”, aseveró.
Los clanes familiares y las nuevas modalidades de contrabando
Puno sigue siendo la región del Perú con más movimiento de mercancía ilícita que, por lo general, ingresa por la frontera con Bolivia.
Los productos que se mueven de forma ilegal en dicho departamento son diversos: desde electrodomésticos, celulares, licores y prendas de vestir hasta autopartes de vehículos.
Para movilizarlos a otras regiones del sur del país, Santos Villalta advirtió que clanes familiares que operan en Puno desde hace años se organizan y se reparten los productos a fin de evitar el control de la Policía y demás autoridades.
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“Sabemos de personas y organizaciones criminales que se dedican a esa actividad. Por ejemplo, en Puno hay clanes familiares que se dedican al contrabando. Ello se organizan e ingresan productos ilícitos y los comercializan en la zona sur, como Arequipa, Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Tacna y Moquegua”, remarcó.
Añadió que en dicha ciudad la PNP tiene identificados a cinco clanes familiares bien constituidos que se dedican al contrabando; sin embargo, evitó dar más detalles por un tema de reserva en la investigación.
“Estos clanes van creciendo y sus integrantes también se van independizando y formado sus propios grupos. Algunos de estos clanes se manejan de forma independiente, pero frente a una necesidad de urgencia llaman a un familiar que se encuentra en otro clan para unir esfuerzos y mover productos. Hay una especie de confraternidad entre todos ellos”, indicó el coronel.
En cuanto a las nuevas modalidades para trasladar la mercancía ilícita, Santos informó que la caravana de vehículos conocida como ‘culebra’, que era el desplazamiento continuo de buses y camiones con productos, ya no se da en estos tiempos.
“La ‘culebra’ ahora se ha disgregado. Antes se trasladaban en filas de 50 a 100 vehículos los días miércoles y sábados, ahora solo se ven grupos de 10 vehículos menores y se movilizan todos los días, al ser menos notorios”, apuntó.
Según dijo, en lo que va del año se han podido desarticular cinco organizaciones criminales que se dedicaban al contrabando en el país, así como hay otras cuatro que se encuentran bajo investigación.
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Las empresas y la defraudación aduanera
Además del contrabando, otra preocupación para la Policía Fiscal son los llamados delitos aduaneros y de defraudación tributaria. Esto, según dijo Santos Villalta, se verá incrementado con la puesta en marcha del Puerto de Chancay.
“El importador mediante su astucia o una argucia engaña a la autoridad aduanera indicando qué producto está importando con la finalidad de pagar menos impuestos. Ellos hacen el trámite normal, regular, pero fraguan facturas, mienten en el tipo de mercancía que están importando o combinan las mercancías para evadir los impuestos”, denunció Santos Villalta.
En ese sentido, la PNP alertó que hay muchas empresas que, buscando reducir el pago de su impuestos, recurren a este tipo de empresas delictivas, que muchas veces son agencias de aduanas.
“Hace poco nomás hemos desarticulado una organización criminal que era una agencia de aduana que captaba a importadores y les ofrecía sus servicios (…) esa organización criminal denominada ‘Los falsos del import’ era integrada por ocho personas y hemos logrado la captura de siete de sus integrantes. Cinco están con prisión preventiva y dos fueron liberados”, anotó.
El director de la Policía Fiscal adelantó que en la investigación que vienen realizando se detectó a otras 20 empresas legalmente constituidas que se habrían estado beneficiando de esta manera ilegal.
Cabe recordar que la defraudación de renta de aduana es castigada con una pena que oscila entre los 6 a 8 años de prisión, mientras que en la forma agravada se incrementa a 12 años de cárcel.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.