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El Pleno del Congreso se reunirá el miércoles 10 de abri con el fin de debatir y votar el informe final de la Denuncia Constitucional 290 contra Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo Terrones. Así lo acordó el Consejo Directivo del Congreso, que sesionó esta tarde con la conducción de su titular,
El referido informe final concluye acusar, vía juicio político, al denunciado Aníbal Torres Vásquez, por infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú.
Además, imponer al denunciado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, la sanción de inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública.
Cabe indicar que citado informe final de la Denuncia Constitucional 290 fue aprobado en la sesión de la Comisión Permanente el pasado 26 de marzo.
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¿De qué se le acusa a Aníbal Torres?
En agosto del 2022, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, presentó una denuncia constitucional contra el entonces premier por haber azuzado a los dirigentes de organizaciones sociales a movilizarse hacia la capital.
“Si cada uno con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad para defender sus intereses, de sus hijos y de los hijos de sus hijos, que trajeran a Lima 50 personas cada uno. Entonces harían arrodillar a los golpistas, los obligarían a que tengamos una Constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico”, dijo en aquella oportunidad.
Estas declaraciones del exprimer ministro se dieron en el marco de unos los Consejos de Ministros descentralizados realizados por Castillo, en el que participaban ciudadanos que fungían como una especie de portátil del Ejecutivo.
Al respecto, Martha Moyano, quien fue ponente de la denuncia presentada contra Torres, indicó que el exconsejero de Castillo vulneró la Constitución por su papel y sus declaraciones en estas reuniones.
“Ya se ha establecido que el denunciado llevo a cabo una serie de sesiones de ‘Consejo de Ministros descentralizados” sin marco constitucional y legal, y con finalidades y objetivos distintos a los previstos a dicho órgano; lo cual ya es en sí mismo un ejercicio indebido del poder otorgado. Adicionalmente se ha determinado que las expresiones que el denunciado realizó en dichos espacios, así como frente a medios de comunicación se realizaron superando los límites para el ejercicio de la libertad de expresión y opinión al tener la calidad de funcionario público; constatándose así un ejercicio fuera de los límites constitucionales y legales previstos, materializándose la infracción constitucional imputada”, indicó la legisladora.
En respuesta, el expremier, quien no se presentó ante la Comisión Permanente para ejercer su derecho de defensa, envió un oficio en el que negó que haya infringido la Constitución.
“Ni (Martha) Moyano, ni (Lady) Camones, ni ningún otro congresista podrán acreditar como verdad dicha falsedad”, dijo.
A su juicio, la aprobación del informe “deviene en un acto puramente instintivo de condena a quien consideran su adversario, en consecuencia, no tiene sentido que haya defensa alguna de mi derecho en esta etapa”.
Otros acuerdos
El Consejo Directivo también acordó el pase a la Orden del Día del Pleno de 17 dictámenes de proyectos de ley y dos dictámenes que recomiendan la insistencia de autógrafas de ley.
Entre ellos están el Proyecto de Ley 3431 que propone declarar de interés nacional la recuperación, conservación y protección de los ecosistemas de la cuenca hidrográfica del río Lurín y la mejora de los servicios ecosistémicos de dicha cuenca, y el PL 4543 que plantea fortalecer las funciones de supervisión y control de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
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También los PL 5863 y 6090 que proponen modificar la Ley 31614, Nueva Ley del Trabajador Porteador, respecto a sus condiciones laborales, y los PL 4503 y 5957 que plantean autorizar la creación de la facultad de medicina humana en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, entre otros.
Además, ingresó a la Orden del Día el informe final (sobre lacrado), con carácter reservado, de la Comisión Investigadora Multipartidaria que investigó las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por las empresas chinas.
Se trata de las mociones 2104, 2128 y 2151, y que fue aprobado por unanimidad en el referido grupo indagador.
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