Pese a las cuestionamientos y pedidos de diversos sectores para que aceleren su proceso de análisis, el gobierno de Dina Boluarte retrasó hasta el último día del plazo legal (15 días) su decisión en torno a la autógrafa de ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia.
El pasado lunes 13, el premier Gustavo Adrianzén anunció a la prensa que observaron la norma y que el documento ya había sido enviado al Congreso; no obstante, dicho poder del Estado desmintió dicha información y precisó que, hasta las 6:18 p.m., no recibía el texto.
El documento con las observaciones del Ejecutivo recién ingresó al Área de Trámite Documentario del Parlamento a las 11:00 p.m., lo que generó más indignación.
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Todo esta situación no pasó desapercibida en el Congreso. La legisladora del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, presentó una denuncia constitucional contra la mandataria por las presuntas irregularidades en la elaboración de estas observaciones, así como por la demora en la presentación de dicho documento.
La denuncia constitucional también incluye al premier Gustavo Adrianzén y al ministro del Interior, Juan José Santiváñez.
De acuerdo con el documento, Boluarte habría infringido los artículos 39, 44,103 y 139 de la Constitución al haber cometido presuntas irregularidades en la elaboración de las observaciones presentadas a la norma que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia.
También se le cuestiona por las presuntas irregularidades en la promulgación de la Ley 32138, que modifica la definición del crimen organizado. Esto, habría beneficiado a su hermano, Nicanor Boluarte, quien es investigado en el marco del caso ‘Los Waykis en la Sombra’.
“Buscan favorecer a su entorno político”
En diálogo con la prensa, Luque consideró que en este caso se habría vulnerado principios fundamentales básicos que todo alto funcionario tendría que tener, como es el servicio a la nación.
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“En este caso específico, la observación tardía de la autógrafa de ley lo que ha generado es una grave afrenta para combatir la inseguridad ciudadana y considero, además, que se está violando el principio de garantizar la seguridad en el país”, aseveró.
Respecto a Santiváñez, indicó que su despacho ha realizado un pedido formal a su sector para que le deriven todos los informes que han sustentado la postura del Ejecutivo de observar la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia.
“Tenemos conocimiento que hubo un primer informe, en el que el sector dijo que no tenía razón para opinar. Luego hubo un siguiente informe, en el cual, basados en un mensaje del abogado del ministro del Interior, utilizaron esto para observar la ley”, cuestionó.
A su juicio, tanto Boluarte como Adrianzén y Santiváñez están utilizando sus cargos para “favorecer a un entorno político que no quieren que sean detenidos”, lo que está generando un grave perjuicio al país, afectando la seguridad ciudadana.
Finalmente, recalcó que no están cuestionando la facultad que tiene el Gobierno de observar leyes ni tampoco el plazo para realizar dicho procedimiento, sino se critica “las razones políticas que están detrás de esta medida”.
En ese sentido, mencionó dos casos en concreto que involucran a personajes que se encuentran en su entorno: Nicanor Boluarte y Fredy Hinojosa, vocero presidencial que se encuentra investigado en el caso Qali Warma.
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