La Comisión especial investigadora multipartidaria de monitoreo, fiscalización y control del Ministerio de Educación, Sunedu, Sineace, Convytec, y demás órganos adscritos continuó con su indagación sobre las consultorías contratadas durante el periodo 2016-2024.
Para ello, su primer invitado fue el contralor general de la república, Nelson Shack Yalta, quien brindó una exposición sobre las consultorías, locaciones y similares en el año 2023.
Shack sostuvo que existe “un desorden en los contratos de consultorías”, y precisó que “hay algunas importantes, y otras que sirven para darle trabajo a los amigos”, informó el Parlamento.
El contralor dijo que a partir de la Ley 31559, gestionada en el actual Parlamento, se podrá conocer de hoy en adelante los “entregables” de cada consultor, y así conocer en qué se gasta el dinero de dichas consultorías; además, expresó, que desde la promulgación de dicha ley, ya se sabe qué es exactamente una consultoría.
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Como ejemplo de ello expresó que en los acápites consultoría de persona jurídica y consultoría de persona natural, el Estado casi no gasta nada en consultorías.
“Pero cuando sumamos todo lo que es consultoría camuflada, incluyendo todos los miles, en realidad cientos de miles de trabajadores en el Estado que son locadores, hay más de 16 mil millones de soles (en todo el Estado). Allí hay harto despilfarro, hay mucho gasto inútil”, expresó.
¿Cuánto gastó el Minedu?
Nelson Shack informó que, solo en el año 2023, el Ministerio de Educación, y solo en Lima, gastó un importe de S/ 631.5 millones en consultorías; una figura que podría repetirse año a año.
En cuanto a locación de servicios, se gastó S/ 300 millones de soles; consultoría de obras S/321 millones; “consultoría general” casi S/ 49 mil ; y “consultorías similares”, casi S/ 10 millones.
Luego, señaló que, de las 22 unidades ejecutoras del Ministerio de Educación, el proyecto especial para las Escuelas Bicentenario gastó S/ 233 millones en consultorías en el 2023; y el Programa de Educación Básica para Todos S/ 189 millones.
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Un dato importante de este informe, dijo Shack, es que de los S/ 631.5millones, no están identificados casi S/ 14 millones, en otras palabras, “no se sabe quién es el proveedor”.
Como siguiente punto de agenda, la comisión multipartidaria recibió a proveedores del Ministerio de Educación. Los citados Ángela Satur Arrelucea, José Vargas Dávila, Carla Calderón Leyva, Liriama Velasco Taype y Víctor Liza Jaramillo no se presentaron. Ellos volverán ser citados y se procederá deacuerdo a lo estipulado por el Congreso de la República.
Quienes sí se presentaron fueron Gisela Chacón Rosales, Nataly Garay Crisóstomo, Simone Montes Mostajo, también proveedoras mediante órdenes de servicio, quienes habrían sido contratadas en distintas entidades del Ministerio de Educación. Ellas llegaron en compañía de sus respectivas abogadas.
Finalmente, se presentaron la directora general de Servicios Educativos Especializados, Rosa Acosta Barreto; y la directora de Educación Básica para Estudiantes con Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento, Elvira Pacherres de Severino.
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