El congresista Diego Bazán (Avanza País) presentó un proyecto en el que propone reestructurar los órganos de alta dirección del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE).
Se trata de la iniciativa legislativa 5566/2022-CR, el cual tiene como objeto la reestructuración de dichos órganos, otorgando mayor proactividad y participación de los entes del sistema de administración de justicia, a fin de darle mayor eficiencia en la gestión del Sistema Penitenciario Nacional.
En ese sentido, plantea que se modifique los artículos 11, 12 y 37 del Decreto Legislativo N° 1328. Además, la modificación de la cuarta disposición complementaria del mismo decreto.
Con ello, se busca que el consejo directivo del INPE, que actualmente se conforma por un presidente ejecutivo y representantes de los ministerios de Justicia, Trabajo, Educación y Salud, sería cambiado por los representantes del: Ministerio de Justicia (Minjus), que ejercería la presidencia de la institución; del Ministerio del Interior (Mininter); del Poder Judicial; del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú (PNP).
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Dichos miembros serían propuestos por los titulares de cada institución y designados por un período de cuatro años. En el caso de los representantes del Poder Judicial y de la Fiscalía, serían propuestos de preferencia entre exjueces y exfiscales que se hayan desempeñado en la especialidad penal, crimen organizado y otras afines.
Sobre los requisitos para ser miembro del consejo directivo se propone que se cuente con título profesional de abogado, psicólogo, sociólogo y/o carrera afín a la función y gestión del cargo a desempeñar. Además, que cuente con una experiencia profesional no menor de ocho años, acreditar no menos de tres años en cargos de gerencia, dirección, coordinación, despacho judicial o fiscal, gestor de grupo o equipo en actividades afines al cargo.
También se planta que el Poder Judicial, el Ministerio Público, Minjus, Mininter, PNP e INPE conformen una Comisión de Análisis y Evaluación de Seguridad de Riesgo Criminal Inminente (CAESCRI).
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Por último, el parlamentario Diego Bázan sugiere en el proyecto que la Fiscalía y la Policía “realice de manera conjunta operativos, de manera mensual y de forma inopinada las veces que considere pertinente y según las circunstancias lo amerite, en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, con la finalidad de resguardar, mantener y preservar la seguridad, orden interno y el respeto del principio de autoridad”.
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