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El Pleno del Congreso archivó el informe que recomendaba inhabilitar a Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo Terrones, para ejercer cargos públicos por un periodo de 10 años.
La decisión se adoptó con 55 votos a favor 18 en contra y 12 abstenciones. Se requería de 66 votos a favor para que procediera.
Sobre la acusación de azuzar contra el Congreso, Aníbal Torres señaló que lo que dijo cuando fue primer ministro estuvo amparado en la libertad de expresión. “No he transgredido los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución. Por el contrario, he cumplido con el mandato constitucional”, afirma.
“El informe viola la Constitución” y busca “sorprender la buena fe” de los congresistas y de los peruanos. “Es una falsía”, enfatizó Aníbal Torres antes de retirarse de la sesión.
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¿De qué se le acusa a Aníbal Torres?
Durante su periodo como premier dio inicio a las denominadas Sesiones de Consejos de Ministros Descentralizados, en los que se desplazaba a todos los ministros y sus respectivas comitivas a diferentes ciudades del Perú.
En agosto del 2022, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, presentó una denuncia constitucional contra el entonces premier por haber azuzado a los dirigentes de organizaciones sociales a movilizarse hacia la capital.
“Si cada uno con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad para defender sus intereses, de sus hijos y de los hijos de sus hijos, que trajeran a Lima 50 personas cada uno. Entonces harían arrodillar a los golpistas, los obligarían a que tengamos una Constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico”, dijo en aquella oportunidad.
Estas declaraciones del exprimer ministro se dieron en el marco de unos los Consejos de Ministros descentralizados realizados por Castillo, en el que participaban ciudadanos que fungían como una especie de portátil del Ejecutivo.
Según el informe, se determinó “que los actos y expresiones de Aníbal Torres vertidos, fundamentalmente, en los denominados Consejo de Ministros Descentralizados, así como en entrevistas en medios de comunicación, constituyen conductas que infraccionan los artículos 38, 45 y 125 de la Carta Magna”.
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Al respecto, Martha Moyano, quien fue ponente de la denuncia presentada contra Torres, indicó que el exconsejero de Castillo vulneró la Constitución por su papel y sus declaraciones en estas reuniones.
“Ya se ha establecido que el denunciado llevo a cabo una serie de sesiones de ‘Consejo de Ministros descentralizados” sin marco constitucional y legal, y con finalidades y objetivos distintos a los previstos a dicho órgano; lo cual ya es en sí mismo un ejercicio indebido del poder otorgado. Adicionalmente se ha determinado que las expresiones que el denunciado realizó en dichos espacios, así como frente a medios de comunicación se realizaron superando los límites para el ejercicio de la libertad de expresión y opinión al tener la calidad de funcionario público; constatándose así un ejercicio fuera de los límites constitucionales y legales previstos, materializándose la infracción constitucional imputada”, indicó la legisladora.
“Ni (Martha) Moyano, ni (Lady) Camones, ni ningún otro congresista podrán acreditar como verdad dicha falsedad”, dijo en su momento el expremier, a través de un oficio en el que negó que haya infringido la Constitución.
A su juicio, la aprobación del informe “deviene en un acto puramente instintivo de condena a quien consideran su adversario, en consecuencia, no tiene sentido que haya defensa alguna de mi derecho en esta etapa”.
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