De esta manera, el exmandatario podrá ser procesado penalmente por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, peculado doloso por apropiación para terceros, negociación incompatible y por supuesta obstrucción a la justicia.
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La decisión se adoptó con 85 votos a favor, ningún voto en contra y se registraron 4 abstenciones.
Vizcarra, quien no se presentó en el Parlamento, envió un oficio en el que informaba que se allanaba a lo expuesto en el documento; sin embargo, la titular de la subcomisión, Lady Camones, rechazó su pedido.
De acuerdo con la denuncia constitucional, ‘Richard Swing’ habría sido contratado irregularmente entre el 2018 y 2020 en el Ministerio de Cultura y obtuvo pagos hasta por S/175,400.
Todo esto habría sido gestionado por el propio Vizcarra, quien habría ejercido presión sobre altos funcionarios de dicho sector para que procedan a contratar al cantante.
“Richard Cisneros no contaba con el perfil que requería el Ministerio de Cultura para su contratación; sin embargo, el exmandatario, aprovechándose del alto cargo que ostentaba iba a gestionar y/o coordinar la contratación del mismo, ejerciendo influencias sobre altos funcionarios, las cuales fueron evidenciadas al solicitar a los ministros de cultura de ese entonces 2018-2020, su contratación dentro de dicha entidad”, se lee en el documento.
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Se le pagó nueve órdenes de servicio a Cisneros
En total, se identificaron nueve órdenes de servicio supuestamente ilícitas que fueron pagadas a Cisneros Carballido.
“Sin embargo, para cumplir con la promesa de que este fuera contratado y poder así tener un puesto de trabajo, las áreas encargadas de su contratación elaboraron términos de referencia que se adecuaban a su perfil, siendo estos direccionados a su currículum vitae y así poder ser proveedor de dichos servicios, de otro modo, no hubiera sido contratado”, concluye el informe final.
En setiembre del 2021, el Ministerio Público presentó una denuncia penal contra 19 personas por estos hechos y solicitó 13 años y 4 meses de prisión efectiva para la exsecretaria de Vizcarra, Mirian Morales, y 6 años y 8 meses de cárcel para Cisneros.
Se pidió que ambos sean inhabilitados para ejercer cargos públicos por el plazo de 15 años.
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