El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido político Acción Popular (AP) anunció que el próximo 19 de agosto se reunirá el Plenario Nacional a fin de evaluar la expulsión de “malos congresistas” que forman parte de su bancada parlamentaria.
La evaluación se realizará mediante un tribunal de disciplina que será elegido en dicha sesión, precisó la organización mediante un comunicado.
“El Plenario Nacional se reunirá el próximo 19 de este mes y elegirá al tribunal de disciplina, órgano que deberá considerar la expulsión de estos malos militantes, malos congresistas y ciudadanos en el menor plazo legal”, señaló AP.
LEA TAMBIÉN: Arriola, Mori, Alva y Portero renuncian a Acción Popular: bancada se queda solo con seis miembros
El CEN también se mostró en contra de la designación del parlamentario Darwin Espinoza como vocero de la bancada debido a que perjudica “la integridad del partido”.
“Su implicancia, junto con otros congresistas conocidos como los ‘niños’ en supuestas actividades relacionadas con una organización al margen de la ley es inadmisible y continúa perjudicando gravemente la integridad del partido”, refirió.
En la víspera se conoció la renuncia de los legisladores María del Carmen Alva, Ilich López, Silvia Monteza, Edwin Martínez, Karol Paredes, Juan Carlos Mori, José Arriola y Carlos Alva luego de que el grupo parlamentario eligiera a su colega Espinoza como vocero titular para el periodo legislativo 2023-2024.
Darwin Espinoza es parte de los congresistas acciopopulistas sindicados como “Los Niños”, acusados de integrar una presunta organización criminal que habría actuado desde el Legislativo a favor del expresidente de la República, Pedro Castillo, a cambio de presuntos favores.
Asimismo, se le ha acusado de haber gestionado una reunión a favor de Marka Group con el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). Dicha empresa privada es de propiedad de Sada Goray, a quien se le ha impuesto 30 meses de prisión preventiva por el caso “Fondo Mivivienda”, referido al presunto copamiento indebido de instituciones estatales para obtener licitaciones públicas.
