María del Pilar Cordero,  congresista de Fuerza Popular.
María del Pilar Cordero, congresista de Fuerza Popular.

La congresista de Fuerza Popular María del Pilar Cordero Jon-Tay se convirtió en la quinta legisladora en ser investigada por la por presuntos cobros irregulares a trabajadores de su despacho.

Tal como detalle el comunicado vía Twitter, la Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra la congresista María del Pilar Cordero Jon-Tay, como presunta autora del delito de concusión, por los supuestos cobros irregulares que habría realizado a los trabajadores de su despacho.

En la investigación fiscal también incluye a Braden Alexander Paredes Calla, técnico de archivos del Congreso de la República, como presunto cómplice del delito de concusión.

De comprobarse este delito, se contempla una pena de 2 a 8 años de cárcel, debido que el un funcionario público, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial.

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Más casos de cobros irregulares

La Fiscalía también abrió este viernes una investigación preliminar por el mismo delito contra la congresista conservadora Heidy Juárez por hacer cobros irregulares a sus trabajadores, un caso similar al de otras tres parlamentarias que están siendo investigadas.

A ella se suman, los casos de las legisladoras Rosío Torres, Katy Ugarte y Magaly Ruiz quienes también están acusadas de haber recortado los sueldos a los trabajadores de sus respectivos despachos.

El caso de Torres, del partido conservador Alianza Para el Progreso (APP), fue divulgado el pasado 2 de abril por Latina, que denunció que obligó al menos a cinco trabajadores o extrabajadores que colaboraban con ella en función parlamentaria a transferir parte de su sueldo a un pariente suyo.

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La Fiscalía anunció el lunes, además, el inicio de otra investigación preliminar contra la congresista izquierdista Katy Ugarte, denunciada este fin de semana por el programa “Cuarto Poder” por presuntos cobros irregulares a trabajadores de su despacho.

El caso de Ruiz, también de APP, también lo desveló “Punto Final” con el testimonio de un extrabajador del Congreso que denunció que le cobraba por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria.

Estos casos también están siendo investigados por la Comisión de Ética del Congreso, que determinará si proceden sanciones por faltas éticas a la función legislativa.

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