La Comisión de Constitución del Congreso debatirá mañana el predictamen que otorga facultades legislativas al Poder Ejecutivo, de acuerdo a su agenda.
En la sesión de dicho grupo de trabajo, que preside la legisladora Martha Moyano (FP), el pasado 28 de mayo los ministros de Estado sustentaron el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, que propone la delegación -en el Poder Ejecutivo- para tener la facultad de legislar en materias de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional.
En la sesión estuvo presente el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Lino Adrianzén Olaya, quien destacó la importancia del pedido del Gobierno y dijo que la cooperación entre poderes de Estado ayuda al cimiento del modelo constitucional de nuestro país.
“Tenga la seguridad señora presidenta (de la Comisión de Constitución) que se tomarán en cuenta cada uno de los criterios, observaciones, consideraciones, sugerencias y propuestas que nos han formulado en las mesas técnicas”, señaló el titular de la PCM.
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Asimismo, Adrianzén dijo que, en el cumplimiento de las normas vigentes, el Ejecutivo dará cuenta al Congreso y a la Comisión Permanente de cada uno de los decretos legislativos que se emitan en el marco de las facultades delegadas.
“Las materias que hemos propuesto y sustentado, a través de los equipos técnicos de los organismos adscritos, están referidas a cumplir recomendaciones planteadas por la OCDE a fin de lograr una infraestructura de calidad y sea ejecutada de manera transparente, responsable e inclusiva”, manifestó el jefe del equipo ministerial.
También participaron, por solo 5 minutos, los ministros de Economía y Finanzas (José Arista), Salud (César Vásquez), Defensa (Walter Astudillo), Justicia (Eduardo Arana), Educación (Morgan Quero), Energía y Minas (Rómulo Mucho), así como otros integrantes del Gabinete Ministerial.
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¿Qué dice la propuesta?
En el artículo 1 se detalla que las facultades que sean delegadas eventualmente por el Congreso servirán para que el Gobierno nacional emita normas referidas a la seguridad ciudadana y la defensa nacional en el ámbito de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital, así como en el de la política criminológica y penitenciaria.
También incluyen aspectos vinculados con el fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión pública, privada y público-privada, y con la gestión de servicios públicos.
Además, se precisa que las normas por emitirse tomando como base las facultades solicitadas se referirán a mejoras en la calidad de la inversión pública; fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado, reducción de costos de transacción, acceso y competencia en servicios financieros, equilibrio fiscal y modernización del sistema tributario.
El pedido comprende, además, temas sobre desarrollo urbano, habilitación urbana y de suelos, acceso a viviendas y la intervención estratégica en el ámbito de influencia del megapuerto de Chancay.
El período por el cual se extenderían estas facultades sería de 90 días calendario, de acuerdo con lo establecido en el proyecto de ley.
Reactivación económica
Al establecer cuál es la finalidad de este pedido, el Ejecutivo indica que se busca impulsar la reactivación económica, la simplificación de procesos, la reforma de la gestión de la actividad empresarial, modernizar la tributación de negocios basados en la economía digital y perfeccionar el régimen tributario de empresas de pequeño tamaño.
Asimismo, se busca dar normas que hagan más eficiente la recaudación fiscal y fortalezcan la lucha contra la evasión y la elusión, además de permitir la pronta recuperación de las deudas administradas por la Sunat.
En Seguridad
En materia de seguridad y defensa nacional en el ámbito de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital se plantea modificar el Decreto Legislativo 1095, a efectos de regular la intervención excepcional de las Fuerzas Armadas en materia de control, mantenimiento y restablecimiento del orden interno.
Asimismo, establecer el marco normativo para implementar la interoperabilidad entre las entidades competentes en materia migratoria, con la finalidad de fortalecer la evaluación del riesgo migratorio y contribuir a la seguridad y defensa nacional. También, establecer reglas para el adecuado uso de envío de mensajes.
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