El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de Juan Carlos Checkley, realizó una audiencia para evaluar la tutela de derechos presentada por la presidenta Dina Boluarte a fin de que se declare nula las diligencias fiscales realizadas en su contra en el marco del caso Rolex al señalar que presuntamente se habrían realizado sin la presencia de su defensa legal.
Al inicio de la audiencia se leyó un oficio presentado por los abogados Mateo Castañeda y Eduardo Barriga en el que informaron que renunciaron a la defensa legal de la jefa de Estado, sin embargo, este último representó, por una última vez, a Boluarte en la presente audiencia para no dejarla sin un abogado.
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La mandataria cuestionó en su recurso que fue objeto de diligencias fiscales sin presencia de su defensa técnica, lo que habría vulnerado su derecho constitucional de defensa e igualdad procesal.
En ese sentido, exigió que se declaren nulas las actuaciones realizadas por los fiscales y se excluya de la investigación la información producto de las diligencias.
Dichas actuaciones fueron realizadas por los fiscales Karina Llatance Mendoza y Walter Arnaldo Giles Páucar, quienes participaron en la extracción y trascripción de fuente abierta, así como habrían recopilado la información generada de estas diligencias.
No hay razón para anular actas
En respuesta, el representante de la Fiscalía aseveró que se siguió el procedimiento regular en la diligencia de extracción y transcripción de fuente abierta y que todo está reportada en las actas.
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“Por lo tanto, aquella información obtenida de fuente abierta, no solo es legítima, sino que se encuentra contenida en actas y mal hace la defensa (de Dina Boluarte) al invocar afectación del derecho de defensa e igualdad procesal, como si se les hubiera tratado de ese modo, lo cual negamos”, apuntó tras precisar que no hay ninguna razón para anular las actas de la diligencia.
Tras escuchar a las partes, el juez Checkley dejó al voto su decisión, la que será comunicada a las partes en el plazo de ley respectivo.
En tanto, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, es investigado por el presunto delito de cohecho activo genérico.
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