El Ministerio Público solicitó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que amplíe por 8 meses la investigación preparatoria contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) por el presunto delito de tráfico de influencias agravado.
El exmandatario Martín Vizcarra y la exministra de Cultura Patricia Balbuena están siendo investigados por el caso “Richard Swing”, luego de que el Congreso aprobara la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público.
El fiscal Jaime Velarde fundamentó su solicitud en la gran cantidad de información disponible y la existencia de diligencias pendientes, entre ellas, el levantamiento del secreto de las comunicaciones de ocho personas.
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“Una vez obtenida dicha información, corresponde su análisis, cruce de llamadas, por lo que se debe tener en cuenta la dificultad propia que acarrea determinar aquellas comunicaciones que habrían sostenido los investigados y todos aquellos que tuvieron participación”, indicó.
En respuesta, Edwin Siccha Pérez, abogado del expresidente, se opuso a la solicitud del fiscal, argumentando que gran parte de la información requerida podría ser entregada en un plazo máximo de 5 días hábiles.
“Cómo es posible que a un ciudadano de pie esa información se le pueda entregar en cinco días hábiles y el Ministerio Público sostenga que para recabar esa documentación necesita aproximadamente ocho meses adicionales. No se habla de ningún otro acto de investigación”, subrayó.
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Acusaciones e investigaciones
Como se recuerda, Martín Vizcarra está siendo investigado por varios presuntos delitos, entre ellos tráfico de influencias agravado, peculado doloso por apropiación para terceros, negociación incompatible o aprovechamiento del cargo, y obstrucción a la justicia.
Por su parte, la exministra de Cultura, Patricia Balbuena, está siendo investigada por el presunto delito de peculado doloso por apropiación para terceros.
En su denuncia constitucional, la Fiscalía de la Nación argumentó que ambos, el expresidente y la exministra, habrían coordinado la presunta contratación irregular de Richard Cisneros, conocido como “Richard Swing”, a través de 9 órdenes de servicios entre 2018 y 2020.
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