El Poder Judicial evaluará este viernes el pedido del prófugo líder de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, para que declare prescrito y archive el delito de cohecho pasivo propio que pesa en su contra en el marco del caso Antalsis.
La audiencia se realizará desde las 10:00 a.m. y estará a cargo del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, Leodán Cristóbal Ayala.
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En su recurso de excepción de prescripción, Cerrón insiste en que ya venció el plazo señalado en el Código Penal para procesarlo por este delito, por lo que, al haberse extinguido la acción penal, debe archivarse dicha imputación.
Precisamente, solicitó dentro de su pedido que se aplique lo establecido en las leyes N° 31751 y 32104 sobre interpretación auténtica del plazo de prescripción que se aprobó durante la gestión de Alejandro Soto como presidente del Congreso, conocida como la ‘Ley Soto’.
En tanto, la Fiscalía presentó un escrito en el que formuló oposición y pidió que se declare infundado el recurso presentado por el líder de PL.
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El pasado miércoles 18, Cristóbal Ayala ya había rechazado un recurso similar de Cerrón para que se declare prescrito y archive el delito de asociación ilícita que pesa en su contra en el marco del mismo caso.
¿De qué se le acusa a Vladimir Cerrón?
De acuerdo a la tesis fiscal, Cerrón habría integrado la presunta organización criminal del empresario Martín Belaúnde Lossio, la cual habría defraudado al estado con más de S/ 26 millones a través de obras que se ejecutaron cuando ejerció funciones como gobernador de Junín entre los años 2011 al 2014.
Se investiga el otorgamiento de la buena pro y la ejecución dos obras, los puentes “Comuneros” y “Eternidad”, realizadas durante la gestión de Cerrón. Los contratos se efectuaron a través de convenios interinstitucionales entre el GORE Junín y la empresa SIMA.
Cabe recodar que está compañía subcontrató a la empresa privada Antalsis para que realice la ejecución de esta obras y, de esta manera, se excluyeron de la ley de la materia, además de otras irregularidades en su tramitación.
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