El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluó el pedido de cese de prisión preventiva presentado por la exprimera ministra Betssy Chávez, quien se encuentra en prisión preventiva por el golpe de Estado cometido por el expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
Al ejercer su derecho a la defensa, Betssy Chávez negó haber intentado llegar a la embajada de México tras el mensaje a la Nación de Castillo, donde anunció la disolución del Congreso, y alegó que entregó su celular, lo que –según afirmó- no tiene nada que ver con los hechos imputados.
“Con esas dos causales me traen a mí a prisión. Estando en prisión se me fija una declaración para diciembre del año pasado, declaración que nunca el Ministerio Público vino a tomarme porque cerraron la investigación”, manifestó.
La Fiscalía sostuvo que la exprimera ministra obstruyó las investigaciones al entregar un celular formateado, además de ordenar que la documentación y equipos que se encontraban en la PCM fuesen recogidos y entregados a ella.
Mientras, el abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, aseguró que su patrocinada colaboró con las investigaciones y calificó de “desproporcionada” la prisión preventiva dictada en su contra.
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Betssy Chávez juzgada por cometer delitos de rebelión o conspiración
En mayo pasado la Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó en segunda instancia la apelación que había presentado la defensa legal de Chávez Chino, argumentando que existían nuevos elementos de convicción que la libraban de grave sospecha de haber cometido los delitos de rebelión o conspiración.
Sin embargo, los magistrados tanto en primera como segunda instancia determinaron que todavía persistía la sospecha grave y fundada contra la exprimera ministra de Castillo Terrones, así como un elevado riesgo de fuga por la gravedad de los cargos imputados.
Cabe indicar que Betssy Chávez, junto a Pedro Castillo, Aníbal Torres y el exministro del Interior Willy Huerta, son acusados del golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
En la acusación presentada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos se pidió 25 años de cárcel contra Chávez Chino.
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