Fueron 14 los legisladores que votaron a favor de la propuesta, mientras que 8 la rechazaron y se registraron 2 abstenciones.
De esta manera, la norma ahora será remitida al Gobierno para su respectiva promulgación o, de lo contrario, se planteen observaciones al texto, por lo que debería retornar al Parlamento.
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Previamente, la Comisión Permanente rechazó una cuestión de orden para que el dictamen retorne a la comisión de Constitución y un recurso de reconsideración de la votación planteado por la legisladora Ruth Luque.
“Se acaba de aprobar la segunda votación, para que el dinero de todos los peruanos vaya a la defensa legal de investigados, procesados de partidos. Además, la Comisión Permanente realiza un atropello a la Constitución aprobando a la fuerza la reforma de financiamiento público de partidos, pese a que el TC había determinado que las reformas a la ley de organizaciones políticas son materia de ley orgánica, y por tanto solo puede ser aprobada por el Pleno”, cuestionó la congresista en sus redes sociales.
Durante su intervención, el presidente de la comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, explicó las ventajas que traerá esta norma, entre ellas, que garantiza el pluralismo y la competencia democrática, pues permite que las diversas agrupaciones políticas accedan a mayores recursos que, en muchos casos, no podrían obtener exclusivamente a través del financiamiento público.
Además, dijo que esta ley fomenta la participación activa de la sociedad civil y el sector privado en la vida política, promoviendo un vínculo más estrecho entre los actores sociales y los proyectos partidarios que consideran relevantes para el desarrollo del país.
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En ese sentido, el legislador recalcó la necesidad de que la inclusión de financiamiento privado sea acompañada con estrictos mecanismos de transparencia y rendición de cuenta para evitar la influencia indebida de intereses particulares sobre la agenda pública.
Los cambios a la norma electoral
Entre las modificaciones que se incluyeron en el texto sustitutorio figuran un candado para que todo el dinero que se use en el financiamiento del patrocinio y asesoría legal de los directivos, representantes y voceros de partidos políticos sea devuelto en caso reciban una sentencia firme o ejecutoriada.
Este último punto había ocasionado controversia y críticas por parte de algunas bancadas.
“Hasta el 50% del financiamiento público directo recibido será utilizado en gastos de funcionamiento ordinario, así como en la adquisición de inmuebles, mobiliario y otros bienes necesarios para atender actividades consustanciales al objeto de la organización política, así como para la contratación de personal y servicios diversos, los que incluyen servicios de asesoría y patrocinio legal a la organización política y a sus directivos, representantes y voceros. En caso de dictarse sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada, se debe devolver el dinero empleado para tal fin”, se lee en la norma.
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Tras la observación de la legisladora Norma Yarrow, también se incluyó una precisión para que esta asesoría legal solo sea en el ejercicio de la función.
Las organizaciones políticas podrán recibir aportes o ingresos procedentes de financiación privada, a través de “las cuotas y contribuciones en efectivo o en especie de cada aportante como persona natural y persona jurídica nacional, incluido el uso de inmuebles, a título gratuito”.
Sin embargo, dichos aportes no deben superar en un año calendario el equivalente a las 200 UIT (S/ 1′030,000) que aporten para cada organización política.
De esta manera, se está elevando de S/618,000 (120 UIT) a S/ 1′030,000 el tope de aportes mínimos que pueden recibir los partidos de cara a las elecciones generales del 2026.
Finalmente, se incluyó un artículo en la propuesta para permitir los aportes bancarizados a los partidos a través del Banco de la Nación, que serán “confidenciales”; es decir, no se podrá revelar el nombre del aportante.
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¿Cuáles son las implicancias tras la aprobación de esta ley?
En diálogo con Gestión, el experto en temas electorales, José Manuel Villalobos, explicó que con esta decisión se abre la puerta a que los partidos políticos puedan acceder a una fuente de financiamiento limpia y transparente, lo que les permitirá costear las campañas de su respectivos candidatos.
“La ley, en parte, es positiva porque va a permitir a los partidos acceder a financiamiento de distintas empresas, grandes, medianas o pequeñas, que quieran aportar. Habrá libertad al momento de decidir, por lo que las mismas agrupaciones serán más moderadas y hagan planteamientos que obviamente seduzcan a los empresarios para que los ayuden en sus campañas, sean de izquierda o de derecha”, dijo.
Sin embargo, advirtió que el tema de los denominados “aportes confidenciales” sigue siendo algo confuso y que debería ser materia de una respuesta por parte del Parlamento.
“Eso es algo que cuestionábamos porque los aportes deberían ser públicos (...) el aporte no sería anónimo porque el aportante queda registrado en el Banco de la Nación, pero es confidencial porque el partido no sabe quién lo aportó. Todo esto es relativo porque tal persona puede decirle a un partido ‘te aporté tanto confidencialmente’; o sea, no creo que eso pueda evitarse, tal como plantea la norma”, cuestionó tras precisar que “es ingenuo pensar que la agrupación política no sepa quién le dio ese dinero”.
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El abogado añadió que lo bueno de este punto es que todo será bancarizado, por lo que habrá trazabilidad del dinero.
“Es mejor saber quién financia un partido. Incluso, el votante toma como referencia eso al momento de sufragar. De repente a algún partido le aporta tal banco o tal grupo empresarial, eso a muchos les puede parecer bueno, pero a otros les puede espantar”, acotó.
En ese sentido, indicó que ahora la ONPE y el Banco de la Nación deberán coordinar en conjunto para la elaboración del reglamento de la ley.
Respecto al candado que puso la comisión de Constitución en torno al uso del dinero del financiamiento público directo para pagar asesorías y abogados, Villalobos indicó que se ha copiado una figura que ya existe en la administración pública.
Es decir, todo servidor público que es denunciado penalmente en el ejercicio de sus funciones tiene derecho a que la entidad del Estado le pague la defensa penal; sin embargo, si este es condenado y declarado culpable, debe devolver el dinero.
“Acá han hecho lo mismo. El partido costeará la defensa legal de sus dirigentes, pero si los declaran culpables tienen que devolver el dinero que les dieron”, sostuvo.
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