El 01 de febrero el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, se reunió en Palacio de Gobierno con la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola, los ministros de Defensa e Interior así como Justicia. A su salida del encuentro el líder de Alianza para el Progreso (APP) anunció que La Libertad será declarada en emergencia.
Un semana después, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, indicó que la decisión se va a tomar esta semana.
“Se esta recabando información del ministerio del Interior y la decisión se va a tomar esta semana respecto al estado de emergencia o el sentido del estado de emergencia y qué institución estaría a cargo del orden interno. Lo que no debe quedar ninguna duda de que la respuesta será enérgica”, expresó tras culminar el Consejo de Ministros.
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Sobre el anuncio de instalar una base militar en La Libertad, el jefe del Gabinete, indicó que ya existe una decisión del gobierno de instalar una base militar - policial en Pataz para la construcción y mantenimiento de los caminos, así “Seguramente en los próximos días se hará un anuncio importante”, anotó.
En tanto, Eduardo Arana, ministro de Justicia, manifestó que la declaratoria de emergencia que se va a proponer va a tener una estrategia diferente.
Paralización de mineros ilegales
En torno a las protestas anunciadas por mineros ilegales, el 11 y 12 de febrero, el jefe del Gabinete, señaló que el ministro de Energía y Minas tiene el encargo de ver estas manifestaciones e informar sobre ellas.
Añadió que el gobierno está dando los pasos y aproximaciones necesarias para regularizar esta situación. “Desde el Gobierno indicamos que las protestas deben ser la última opción. (..) Debe existir un proseo eficaz para la regularización y no dañar el medio ambiente“, anotó.
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Jueces sin rostro
En torno al proyecto de ley que propone instaurar jueces sin rostro para procesar a las bandas criminales, Eduardo Arana indicó que el Ejecutivo aún no tiene una posición clara y aguardarán que la iniciativa ingrese a la comisión de Justicia del Congreso y en su momento el Poder Ejecutivo emitirá la opinión correspondiente.
En tanto, Otárola indicó que se está haciendo un seguimiento a las propuestas legales, como la amnistía de procesos legales , cuando hagan uso de la fuerza en el marco de la lucha contra la criminalidad. “Cuando sean debatidas y eventualmente aprobados por el Congreso el Gobierno pro elemental seriedad se va a pronunciar”, acotó.
Añadió que cualquier medida que proteja a los efectivos policiales es bienvenida, mientras no afecte el texto de la Constitución.
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