El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, sostuvo que la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra la mandataria “evidencia que es una resolución improvisada”.
Recordó que la fiscalía dio a conocer que la investigación por las muertes registradas durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023 se amplio por ocho meses y el viernes se indicó que se vería por separado el caso de Dina Boluarte.
“La (postura) de la fiscalía de la Nación era separar la indagación. ¿qué pasó entre el viernes y hoy jurídicamente? nada. Creemos que (La denuncia constitucional contra Boluarte) se está dando por fuera del derecho”, sostuvo en Canal N.
“Me imagino que la fiscal de la nación ha entendido que en esta guerra de alguna manera el Poder Ejecutivo participa y ha dado una respuesta política o finalmente ha decidido que esta situación debiera ir avanzando a un Congreso para efectos de distraer lo que ella está enfrentando”, expresó.
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Añadió que el uso político del derecho es una constante desde hace tiempo. “Se ha dado una suerte de onda expansiva que ha alcanzado al Ejecutivo”, anotó Campos.
La defensa legal de Dina Boluarte indicó que evaluará la posibilidad de presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional. “Estamos evaluando la pertinencia de establecer un proceso constitucional para que se revise esa decisión”, informó la defensa de la presidenta.
Lo que no puede ocurrir es que se genere una resolución improvisada que puede tener consecuencias pues el político puede tener la tentación de hacerte eso un tema reivindicativo.
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¿Qué dijo la Fiscal de la Nación?
La fiscal de la Nación durante su pronunciamiento también señaló que continuaran con las investigaciones a todos los altos funcionarios que resulten responsables de las trágicas muertes que ocurrieron entre diciembre del 2022 y marzo de este año así como todos los casos emblemáticos de los que se hace cargo el Ministerio Público.
Acto seguido Informo que formuló una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la presidenta de la República, Dina Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola y los exministros del Interior César Augusto Cervantes Cárdenas , Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.
Detalló que los acusa el presunta delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Raúl Santisteban y otros, así como de y lesiones graves en agravio de Sebastián Murillo y otro. “Se ha formalizado investigación preparatoria contra los autores directos de dichos agraviados”, anotó.
Cabe señalar que a fines de octubre Benavides el Ministerio Público dispuso ampliar hasta por ocho meses la investigación preliminar en contra de la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves por los fallecidos en las manifestaciones.
Es decir que pese a que sólo ha transcurrido un mes la fiscal de la Nación ya decidió formular la denuncia constitucional.
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