Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, refirió que la institución es autónoma en sus atribuciones y en las decisiones de los jueves, como respuesta al requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para dejar sin efecto el proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú.
“Lo que no puede hacer la Corte Interamericana es ordenarle al Poder Judicial que intervenga en impedir que se promulgue una ley, los jueces sabrán si la declaran inaplicable o si es inconstitucional”, dijo.
El profesional explicó que, luego de la aprobación de la referida ley, deberá ser promulgada por la presidencia y “si el juez considera que la norma atenta contra la Constitución y convenios internacionales, hará uso del control difuso, y si es correcta la ley, la aplicará, y no por ello serán responsables de su decisión”.
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“Otra opción es que los interesados recurran al Tribunal Constitucional impugnando la ley con la opción de inconstitucionalidad”, señaló.
De esta manera, Arévalo Vela destacó que su gestión frente al Poder Judicial es independiente en referencia a las declaraciones del premier Gustavo Adrianzén, que anunció realizar coordinaciones entre poderes del Estado para brindar una respuesta conjunta sobre la resolución de la Corte IDH.
“Yo trabajo autónomamente y el Poder Judicial es independiente y cada poder también. El Poder Judicial no anda en confrontaciones con nadie, más bien debemos coordinar, cooperar. Descarto enfrentamientos con la Junta Nacional de Justicia o el Congreso. No creemos en el enfrentamiento de los poderes, vivimos en democracia”, mencionó.
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Centros de Justicia para la Comunidad
Javier Arévalo expresó que se le brindará acompañamiento legal y soporte judicial a mujeres violentadas y otras poblaciones vulnerables.
“Agradezco al alcalde de Magdalena por este Centro de justicia para la comunidad. Estamos buscando el apoyo de los alcaldes de la manera más transparente porque el Poder Judicial carece de ambientes y de presupuesto”, expresó.
“Estamos identificados en la lucha contra violencia y estamos trabajando para implementar más módulos y seguiremos tocando las puertas de los alcaldes y gobiernos regionales pese a quien le pese para pedir ayuda, porque no es para el presidente del Poder Judicial sino para la institución y usuarios y quien piensa otra cosa, está equivocado”, agregó.
Por su parte, Francis Allison, alcalde de Madgalena del Mar, indicó que seguirán trabajando para “entender que la violencia no es un problema personal, sino social, colectivo y que la indiferencia y el silencio la perpetúan”.
“Venimos trabajando en esta problemática de real importancia con el presidente de la Corte Suprema, porque es una sociedad civilizada la que protege a las mujeres y a todos aquellos que son víctimas de toda violencia y discriminación”, agregó.
En los “Centros de Justicia para la Comunidad” situados en la Casa Omaped y Demuna de la Municipalidad de Magdalena del Mar, se ofrecen a la ciudadanía los servicios de la Corte de Lima relacionados con el Módulo de Atención al Usuario (MAU), tales como la recepción de demandas, el estado de expedientes y la creación de casillas electrónicas.
Los jueces y juezas se trasladarán a estos locales para dar asesoramiento legal a la comunidad a fin de atender sus casos.
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