En Pataz (La Libertad) se reporta una nueva masacre vinculada a la violencia minera: autoridades locales hablaron inicialmente de hasta 13 personas asesinadas, aunque por ahora la Policía solo ha confirmado la recuperación de tres cuerpos.
El hecho ocurrió la noche del 31 de diciembre de 2025, en la víspera de Año Nuevo, dentro de una zona minera del distrito de Pataz.
El alcalde Aldo Mariños informó inicialmente de tres mineros artesanales muertos, cuyos cuerpos fueron trasladados a la comisaría de Vijus.
Medios locales y el propio alcalde señalaron que familiares y vecinos reportan al menos 13 personas asesinadas y otras desaparecidas dentro de la mina.
Minera Poderosa brinda detalles
Horas más tarde Minera Poderosa emitió un comunicado en el que detalló que, durante horas de la madrugada del 31 de diciembre de 2025, su personal de seguridad se acercó a la bocamina Papagayo, en el anexo de Vijus, en el distrito de Pataz, tras escuchar disparos en la zona.
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Al llegar al lugar, identificó a tres personas fallecidas con impactos de bala, quienes habrían ingresado de manera ilegal a la zona de minado con la intención de sustraer mineral, por lo que se dio aviso inmediato a la Policía. Este enfrentamiento se habría producido en un sector donde operan grupos dedicados a la minería ilegal que se disputan el control del área.
Añadieron que las primeras diligencias permitieron la detención de dos (02) personas, quienes fueron puestas a disposición de la Policía Nacional; esta última verificó que no hay personas retenidas ni desaparecidas dentro de la operación.
“Compañía Minera Poderosa lamenta el fallecimiento de las personas involucradas y viene brindando todas las facilidades a las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones, a fin de esclarecer plenamente los hechos”, finalizó.
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Ministerio Público investiga
La Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz, en La Libertad, inició investigación preliminar por el delito de homicidio en agravio de tres personas cuyos cuerpos fueron hallados con impactos de bala en la bocamina ‘Papagayo’, sector Morena, distrito y provincia de Pataz, informó a través de las redes sociales.
El fiscal provincial Limber Pascual Mallqui Acosta dispuso el levantamiento de los cadáveres para su traslado a la División Médico Legal II - Trujillo a fin de realizar la necropsia correspondiente.
Además, se encargó al personal policial del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Huamachuco que efectúe la pericia balística de 11 casquillos encontrados en la escena del crimen.
También se dispuso recabar declaraciones testimoniales del personal de seguridad privada de la zona minera y de los policías que intervinieron; la inspección técnico policial en el lugar; y la verificación de las cámaras de videovigilancia; entre otras diligencias urgentes dirigidas a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales.
El distrito de Pataz permanece en estado de emergencia con toque de queda. La situación de seguridad es evaluada por las autoridades, mientras continúa el despliegue policial y fiscal para determinar las circunstancias del hecho.
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ANGR habla de fracaso de la estrategia frente a la inseguridad
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionsales (ANGR) condenó los asesinatos ocurridos en la provincia de Pataz, región La Libertad, hechos que sostuvo reflejan la grave crisis de inseguridad ciudadana y el avance del crimen organizado en diversas regiones del país.
“Lo sucedido en Pataz no es un caso aislado, sino consecuencia de la ausencia de una estrategia eficaz del Ejecutivo central, que no ha logrado garantizar el control teritorial ni la protección de la vida de la población frente a la violencia criminal y las economías ilícitas”, sostuvo a través de un comunicado.
En esa línea la ANGR exigió al Gobierno Nacional acciones inmediatas, que incluyan una intervención integral en Pataz, el fortalecimiento real de la Policía Nacional, la articulación efectiva con el Gobierno Regional de La Libertad y los gobiernos locales, así como medidas firmes contra la impunidad.
“La seguridad ciudadana es una responsabilidad indelegable del Gobierno Nacional. Desde los gobiernos regionales relteramos nuestra disposición a trabajar de manera coordinada, pero no aceptaremos la inacción ni la indiferencia frente a una situación que sigue cobrando vidas”, apuntó.
