Diversas organizaciones indígenas a nivel nacional denunicaron presuntas deficiencias en la preparación y ejecución de los Censos Nacionales 2025, cuyos trabajos de campo se realizaron entre agosto y octubre de este año.
La principal crítica es el adelanto del proceso en dos años, lo que, a su juicio, se hizo sin garantizar las condiciones mínimas para su éxito, poniendo en riesgo la precisión estadística sobre los pueblos originarios y, por ende, el ejercicio de sus derechos.
Las irregularidades, detalladas en una conferencia de prensa conjunta, abarcan desde la fase de planificación hasta la ejecución en campo. En la etapa previa, se criticó la escasa participación de las organizaciones indígenas en el diseño de la pregunta de auto-identificación étnica, la falta de una campaña informativa robusta y la ausencia de materiales en lenguas originarias.
Representantes de las comunidades reportaron que los censistas asignados a menudo no eran de la zona y no manejaban los idiomas locales. Esto generó barreras de comunicación que dificultaron la recolección de datos precisos.
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Rosalía Clemente Tacza, presidenta de la Confederación Nacional Agraria (CNA), expresó su preocupación por la “escasa o nula capacitación de los censistas en pertinencia cultural y lenguas originarias”.
Teresita Antazú, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) indicó que en varias comunidades amazónicas se omitió la pregunta sobre auto-identificación o se presionó a las personas para que se declararan mestizas. “Les dijeron que no podían ser indígenas porque usaban equipos tipo smartphone”, relató.
También señaló una cobertura insuficiente que dejó sin censar a numerosos hogares.
Wilder Sánchez Chávez, de la Confederación Campesina del Perú (CCP), destacó la “deficiente estrategia de comunicación e información”. Criticó que la difusión oficial no consideró idiomas originarios ni los tiempos adecuados, lo que generó “confusión, desinformación y limitada participación”.
“Subregistro de la población indígena”.
Las organizaciones coinciden en que este cúmulo de irregularidades conducirá a un subregistro masivo de la población indígena. Aurora Coronado, de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas y Asalariadas del Perú (Fenmucarinap), lo resumió al reclamar “el derecho a existir de los pueblos indígenas en el Perú”.
La invisibilización estadística tiene efectos concretos y graves. Advirtieron que impacta directamente en la asignación de presupuestos, la planificación de infraestructura, el acceso a servicios públicos y el reconocimiento de sus territorios ancestrales, profundizando las desigualdades existentes.
Líderes índídgenas denuncian omisión de la pregunta de autoidentificación étnica, lo que amenaza con invisibilizar a la población indígena y limitar su reconocimiento y acceso a servicios.Foto: Observatorio de conflictos mineros
Propuestas y exigencias
Frente a este escenario, las organizaciones CNA, CCP, AIDESEP, FEMUCARINAP, ONAMIAP y el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (GTPII) exigieron al Estado:
La publicación inmediata de los resultados y, crucialmente, que la información sea verificable. Esto incluye hacer público el padrón utilizado en zonas rurales y la programación censal detallada.
El financiamiento estatal para “autocensos” indígenas, similares al implementado por el pueblo Harakbut, que permitan evaluar la omisión censal y contrastar la data oficial.
Javier Jancke, de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), añadió que “invisibilizar a los pueblos indígenas lleva a que no se les proteja frente a los riesgos que suponen las economías ilegales que generalmente ocupan sus territorios”.
