El proceso de deshacinamiento penitenciario no solo apunta a mejorar las condiciones de los internos, sino que también podría representar un ahorro superior a S/ 3 636 millones para el Estado, informó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra.
Tras un operativo de control realizado en la madrugada en el penal de Tumbes —que presenta una sobrepoblación que quintuplica su capacidad—, el titular del sector señaló que estos recursos podrían reorientarse hacia la construcción de hospitales, colegios, carreteras y otras obras de impacto social, así como a mejorar la infraestructura penitenciaria existente.
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Según explicó, el costo promedio de una unidad de albergue penitenciario en el país bordea los S/ 147 000, considerando condiciones mínimas como servicios higiénicos, espacios de trabajo, educación, salud y seguridad. Bajo ese cálculo, la reducción proyectada de 24 739 unidades, como resultado de las medidas de deshacinamiento, permitiría evitar una inversión significativa en nuevas cárceles.
Deshacinamiento penitenciario permitiría reducir costos millonarios y redirigir recursos a infraestructura y servicios esenciales, señala el Ministerio de Justicia. Foto: Minjusdh.
Este impacto equivale, precisó, a dejar de construir alrededor de 41 penales con capacidad para 600 internos, 20 centros de mayor tamaño para 1 200 reclusos o incluso ocho megapenales para 3 000 internos cada uno. A modo de referencia, un penal de 600 plazas demanda cerca de S/ 88.2 millones, mientras que un megapenal puede superar los S/ 441 millones, monto que puede incrementarse por factores como accesos, servicios básicos o licencias sociales.
Actualmente, la población penitenciaria en el país supera los 105 000 internos, lo que evidencia la necesidad de aplicar políticas sostenibles que no dependan exclusivamente de ampliar la infraestructura, sino que incluyan medidas legales, programas de reinserción y un uso más eficiente de los recursos públicos.
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En esa línea, el ministro subrayó que el deshacinamiento no solo responde a un enfoque humanitario, sino que también constituye una decisión estratégica para optimizar el gasto público y reforzar sectores clave como seguridad, justicia y rehabilitación social.
Finalmente, anunció que ya se lanzó una convocatoria para incorporar a 500 nuevos agentes penitenciarios y personal de apoyo al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), quienes serán capacitados antes de integrarse al sistema.
