El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha declarado hoy ilegal la huelga indefinida iniciada el 16 de agosto de 2024 por dos sindicatos de trabajadores de dicha institución.
De acuerdo con la Resolución Presidencial Institucional Nacional Penitenciario N° 195-2024-INPE/P, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario El Peruano, indica que esta medida se basa en que la huelga fue materializada por el Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del INPE (SINTPE), a pesar de haber sido previamente declarada improcedente por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), mediante una resolución administrativa.
La decisión, surge después de que la resolución de la Dirección General de Trabajo, fechada el 12 de agosto de 2024, indicara la improcedencia de la huelga. La normativa aplicable estipula que si una huelga se declara improcedente, su continuación constituye una acción ilegal.
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De la misma forma, a través de la Resolución Presidencial Instituto Nacional Penitenciario N° 194-2024-INPE/P se declara ilegal la huelga indefinida iniciada por el Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del Perú (SINTRAP).
El INPE es responsable de gestionar y controlar el Sistema Penitenciario Nacional. La resolución enfatiza que la Constitución Política del Perú y el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo regulan el derecho a la huelga, pero también subraya que dicho derecho debe ejercerse en conformidad con las normas legales vigentes y no puede comprometer el funcionamiento de servicios públicos esenciales, como los establecimientos penales.
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Dicha institución señala que esta huelga ha generado impactos significativos en los establecimientos penitenciarios del país, con reportes de afectación en la seguridad y en la prestación de servicios esenciales debido a la paralización de labores por parte de los trabajadores involucrados.
De esta manera, ambas resoluciones resaltan que esta medida de fuerza impedía el ingreso de visitas y la realización de servicios legales para los internos, afectando la operatividad del sistema penitenciario.
Asimismo, se ordena notificar al SINTPE y al SINTRAP al respecto, así como, remitir copias de las resoluciones a diversas oficinas del INPE para asegurar su cumplimiento.
La resolución es refrendada por el presidente del Inpe, Federico Javier Llaque Moya.
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