Gobierno declaró en emergencia al INPE por sobrepoblación en cárceles

El gobierno dispuso la declaratoria de emergencia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Sistema Penitenciario Nacional, por un plazo de 24 meses. Esto, a raíz del déficit de capacidad carcelaria en el país.

La disposición fue suscrita en el Decreto Supremo N° 014-2024-JUS por la presidenta de la República, Dina Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; y el ministro de Justicia, Eduardo Arana.

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Entre las medidas que se aplicará durante el proceso de emergencia estará la aprobación de una Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria”, en un plazo de 45 días desde la vigencia del referido decreto supremo. El Ministerio de Justicia se encargará de este proceso.

Según se indica en el decreto supremo, entre los argumentos que justifican esta declaratoria de emergencia está el “déficit de capacidad de albergue” en las cárceles y la optimización de “la prestación de servicios para la resocialización de las personas privadas de libertad”. Además, señala que se busca “garantizar la implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030 [...] en favor de la resocialización de las personas privadas de libertad”.

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La sobrepoblación en los centros penitenciarios, es una realidad. Así lo dijo en su momento a Gestión el presidente del INPE, Javier Llaque Moya. En ese sentido, según la disposición del Ejecutivo, se confirma que “el Sistema Penitenciario Nacional, a agosto de 2024, alberga a 98,127 personas privadas de libertad, en los 69 establecimientos penitenciarios existentes, a pesar de tener una capacidad para solo 41,556 personas, lo que genera una sobrepoblación del 136%”.

De igual manera, se especifica que “al 2023, solo el 50.2% de la población privada de libertad se encontraba en establecimientos con condiciones adecuadas de infraestructura y servicios”.

Para la sustentación de estas disposiciones, se alude a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 2014 en la cual se declara un estado inconstitucionalidad “respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en su capacidad de albergue, calidad de infraestructura e instalaciones sanitarias, de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos a nivel nacional”.