Movilizaciones y bloqueos se incrementaron en 47.5%, en el último año, informó la Defensoría

De acuerdo al sistema de monitoreo de conflictos, las movilizaciones y bloqueos se han incrementado en el último año en 47.5 % en comparación con el año anterior, Así lo informó la Defensoría del Pueblo.

Subrayó que se da de manera especial en relación a los conflictos socioambientales vinculados con las actividades mineras.

En esa línea, recordó que en el 2022 se registraron 37 hechos de violencia en el contexto de protestas, tras señalar que recientemente se han producido incursiones violentas en instalaciones de compañías mineras en producción como Inmaculada, Antapaccay y Las Bambas, y bloqueos continuos de vías de comunicación en el denominado corredor minero (como lo sucedido en Velille y Espinar).

“Estos hechos no constituyen en ningún caso el ejercicio regular del derecho a la protesta, pues ponen en riesgo o afectan directamente los derechos de otras personas. Las protestas para que sean legítimas deben realizarse por medios pacíficos”, expresó.

“Frente al incremento de protestas violentas en conflictos socioambientales vinculados a la minería, que ponen en riesgo la integridad física de las personas, la tranquilidad y la propiedad, entre otros derechos, la Defensoría del Pueblo alerta a las autoridades para que actúen en el marco de sus competencias previniendo desenlaces violentos y encausando los conflictos por las vías del diálogo y las leyes”, expresó la Defensoría.

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Afectan recaudación tributaria

Añadió que toda actividad económica formal es parte del funcionamiento regular del mercado, tal y como está previsto en nuestro ordenamiento constitucional y legal y su afectación tiene un impacto directo en los derechos de los trabajadores (en este caso de las empresas mineras) y en las economías locales donde ocurren las protestas violentas; también en la recaudación tributaria y en la continuidad de las operaciones en un sector clave de la economía.

“Las actuales circunstancias derivadas de la pandemia, la inestabilidad política y la crisis alimentaria que viene afectando a los estratos sociales menos favorecidos, nos obligan a una mayor responsabilidad frente a las necesidades de la población”, agregó.

“Toda controversia derivada del ejercicio del derecho de propiedad debe ventilarse y resolverse en las instancias judiciales, o a través de una negociación directa entre las partes. Las vías de hecho son contrarias a las formas institucionales de resolución de conflictos, y al respeto de los derechos de los demás. Del mismo modo, los bloqueos del corredor minero Apurímac-Cusco, cuyo estatus jurídico es el de una vía pública, es una medida alejada de la legalidad”, apuntó.

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Intervención

La Defensoría sostuvo que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minas, debe realizar una intervención diligente frente a los casos de negociaciones entre las empresas y las comunidades. “Nos referimos específicamente a los temas relacionados con la propiedad y con los convenios que estén por celebrarse o que sean objeto de renegociación. Si bien es cierto se trata de un asunto que atañe estrictamente a la voluntad de las partes, la intervención oportuna del sector para proporcionar información oficial sobre los permisos de las empresas para operar, el cumplimiento de acuerdos asumidos por las empresas, o su participación como facilitador del diálogo, pueden contribuir a prevenir conflictos”, acotó.

Sostuvo que el Estado está en la obligación de fiscalizar la actividad minera, pero también de proveer de servicios públicos a la población de las zonas aledañas a las operaciones mineras.

“Lamentablemente problemas muy serios de ineficiencia en la gestión pública y de corrupción han limitado el impacto del canon y las regalías en la mejora de la calidad de vida de miles de familias. Sin embargo, ni esta situación ni ninguna otra justifica el uso violento de las protestas. No existe ningún territorio, grupo social, empresa o persona en el país que esté exento de la aplicación de la ley. Es obligación de todos tratar los problemas por las vías institucionales, una de cuyas formas actuales son los procesos de diálogo que las propias partes legitiman con su participación”, finalizó.