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La ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, dijo este sábado que los 130 migrantes venezolanos varados en su frontera norte que abordarán mañana un avión de vuelta a Venezuela ya fueron “seleccionados” y mostró su deseo de organizar “nuevos viajes” para solucionar la crisis migratoria.
“Las personas que van a ser trasladadas en ese vuelo ya están establecidas y, por lo tanto, el llamado es a no concurrir al lugar (la ciudad norteña de Arica) porque no va a cambiar nada que alguien llegue a última hora para poder abordar el avión”, dijo la funcionaria en una rueda de prensa.
Un avión procedente de Venezuela aterrizará previsiblemente antes de las 6.00 hora local (10.00 GMT) en Arica, a unos 2.000 kilómetros al norte de Santiago, y repatriará a 130 migrantes que llevan semanas varados en la frontera con Perú y buscan dejar Chile tras el endurecimiento de los controles migratorios.
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El vuelo, que forma parte del programa “Retorno a la Patria” impulsado por el Gobierno venezolano, se realizará con una aerolínea privada y no con la pública venezolana Conviasa, sancionada por Estados Unidos.
“Ojalá tengamos un buen proceso mañana y podamos repetir nuevos vuelos a futuro y esto signifique que las personas que no están en este vuelo puedan estar en futuros”, añadió la titular chilena de Interior.
En el punto limítrofe de Perú y Chile, conocido como Línea de la Concordia, centenares de migrantes, la mayoría venezolanos y haitianos sin documentación, se encuentran varados desde hace más de dos semanas sin poder retornar a territorio chileno ni ingresar a Perú, sin agua, alimentos o servicios sanitarios.
Chile, que mantiene su frontera militarizada desde finales de febrero, ha endurecido en los últimos tiempos sus políticas contra la migración ilegal para tratar de frenar la crisis de seguridad que atraviesa el país.
Perú, por su parte, decretó también la semana pasada el estado de emergencia por 60 días en sus fronteras y ordenó el envío de militares para reforzar la vigilancia.
La militarización de la frontera común ha sido ampliamente cuestionada por organismos como Amnistía Internacional o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y elevó considerablemente la tensión política entre ambos Ejecutivos la semana pasada.
De un lado, el Gobierno peruano convocó al embajador de Chile para expresarle “su protesta por la falta de colaboración mostrada por las autoridades policiales chilenas”, mientras que la Cancillería chilena citó al embajador de Perú para pedirle explicaciones por unas declaraciones del alcalde de Tacna, Pascual Güisa.
El edil peruano se refirió en una entrevista al presidente chileno, Gabriel Boric, como un “innombrable e irresponsable” y señaló que está “trasladando el problema” migratorio a Perú.
(Con información de EFE)
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